Diputados federales se reunieron con parlamentarios chilenos que buscan la liberación de su compatriota, Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido durante los hechos de violencia el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.
Los legisladores chilenos Daniel Núñez Arancibia y Jorge Insunza Gregorio se encuentran en México para observar la situación y el proceso judicial que efrenta Maxwell Ilabaca, y contribuir a su liberación.
Maxwell Ilabaca, quien estudia un doctorado en literatura en la UNAM, fue acusado, junto a otras 10 personas, de cometer actos violentos al término de una marcha pacífica en la Plaza de la Constitución.
En entrevista, Núñez Arancibia, del Partido Comunista, confió en la inocencia de los detenidos y sostuvo que como parlamentarios extranjeros son respetuosos de la institucionalidad de México y no emitirán juicios que puedan dañar la relación entre ambas naciones.
Insunza Gregorio, del Partido por la Democracia, confió en que este sábado sea liberado Maxwell Ilabaca, quien participó en las marchas a favor de los desparecidos de Ayotzinapa; “como ciudadano del mundo que lo que quiere es el resguardo de los derechos humanos en todas partes”.
Maxwell Ilabaca, a quien conoce personalmente desde hace 30 años, es una persona que se ha dedicado a una trayectoria académica y cultural, “y creemos que está muy lejos de los cargos que se les han imputado”, expuso.
Los legisladores chilenos también se reunirán con la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, y con Luis García López–Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por separado el perredista, Roberto López Suárez, refirió que este sábado se cumple el plazo para que el juez encargado del caso dicte auto de formal prisión o de libertad a los 11 detenidos y confió en que sean liberados y se castigue a los responsables de los hechos violentos del 20 de noviembre.
En tanto, la vicecoordinadora del PT, Lilia Aguilar Gil, consideró que las autoridades deberán ser cuidadosas y aportar pruebas sólidas contra los 11 detenidos, o, en el mejor caso, liberarlos.

