encinas_11. Conocer la verdad. La primera condición para enfrentar y superar la profunda crisis por la que atraviesa el Estado mexicano y sus instituciones, es atender el reclamo ciudadano para conocer la verdad de los hechos acontecidos en Iguala y Cocula, Guerrero en contra de estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como los acontecidos en Chilapa, Guerrero, y en Tlatlaya, Estado de México.

Esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y castigar a los autores materiales e intelectuales, así como a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y dirigentes de los partidos políticos, que, por acción u omisión, crearon una red de corrupción y complicidades, que permitió la operación impune de distintos grupos delictivos en la región y su postulación como candidatos a distintos cargos de representación popular.

  1. Fin a la impunidad. La sociedad exige un castigo ejemplar a los responsables de estos crímenes; enfrentar la impunidad con que operan; la depuración de los ministerios públicos y de los jueces que ante la ausencia de mecanismos de control y fiscalización eficaces, condonan penas y liberan delincuentes, promoviendo una profunda reforma al poder judicial, símbolo de la corrupción en el país.

El gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas, deben, de inmediato, ejercer las acciones penales correspondientes respecto de los gobernadores, presidentes municipales, representantes populares y funcionarios públicos federales o locales que, conforme a los servicios de inteligencia del Estado mexicano así como de las procuradurías de justicia en el país, estén involucrados en cualquier acto ilícito, de corrupción, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, violación a los derechos humanos o colusión con la delincuencia organizada.

  1. Eliminación del fuero constitucional en todos los órdenes de gobierno, incluido el titular del Poder Ejecutivo Federal.

  2. Régimen de responsabilidades para los dirigentes de los partidos políticos. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos y financian sus actividades fundamentalmente con recursos públicos. De acuerdo con la constitución política, los recursos y prerrogativas de que disponen deben de administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados, evitando su uso discrecional.

Los partidos políticos son sujetos obligados a rendir cuentas del manejo de estos recursos, sin embargo, salvo las disposiciones estatutarias de cada partido, sus dirigentes no están sujetos a ninguna regulación que sancione el uso discrecional o indebido de los mismos, por lo que es imprescindible equiparar a los dirigentes de los partidos políticos con los servidores públicos, sometiéndose al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

  1. Rediseño de las corporaciones policiacas:

Crear corporaciones policiacas con facultades claramente diferenciadas.

En el ámbito municipal para prevenir y sancionar violaciones al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, las faltas e infracciones administrativas; el resguardo y protección de los espacios públicos y de los inmuebles municipales; la atención de eventos públicos, así como delitos menores.

A nivel estatal, para atender a través de cuerpos distintos las tareas de prevención y combate de los delitos del fuero común; de tránsito y vialidad; de investigación ministerial; de resguardo de inmuebles del gobierno estatal; la atención de concentraciones masivas.

Crear policías metropolitanas. Por acuerdo entre los municipios o las entidades federativas que la conformen con aprobación de las legislaturas locales. Para prevenir y combatir la delincuencia del fuero común en el territorio metropolitano.

A nivel federal, Crear una sola corporación: la Policía Federal Preventiva, disolviendo la Gendarmería Nacional, para prevenir y enfrentar los delitos del fuero federal y resguardar inmuebles federales.

Adelantar la entrada en vigor de la reforma constitucional que dota de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, fortaleciendo sus tareas de investigación.

Establecer normas e instrumentos que permitan el control parlamentario de los organismos de inteligencia del Estado mexicano.

Eliminar las policías complementarias y establecer la prohibición a la presencia y actuación extraterritorial de las policías estatales.

  1. Control e inteligencia financiera contra el lavado de dinero. Tanto en el sistema financiero mexicano, como estableciendo una regulación y fiscalización estricta de los mercados: inmobiliario, de compra venta de oro, plata y joyería; casas de juego; casas de préstamo y empeño; casas de cambio, casas de bolsa y operaciones de gran volumen en efectivo.

  2. Nuevo Federalismo. Es necesario enfrentar y revertir la tentación centralista que prevalece en el actual gobierno. Replantear los términos de la relación entre las entidades federativas y el gobierno federal, descentralizando el poder público, dotando de mayores atribuciones y recursos a las entidades federativas y municipios, bajo el rediseño de nuevas fórmulas de asignación de los recursos públicos y desregulando las reglas de operación, eliminando las facultades discrecionales del Ejecutivo federal en el control y asignación del gasto público.

  3. Nuevo Municipalismo. El municipio en México enfrenta una contradicción permanente que oscila entre el desprecio institucional -tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales- y el reclamo social que exige mejor atención, la prestación de servicios públicos de calidad y seguridad. El actual modelo municipalista ha fracasado. Lo que requiere un replanteamiento que permita redimensionar el papel de la autoridad más cercana a la gente, fortaleciendo sus capacidades económicas, sus facultades ejecutivas, y flexibilizando sus formas de organización, permitiendo y promoviendo mecanismos de asociación entre municipios, regiones, comarcas o zonas metropolitanas, para instrumentar políticas y programas comunes.

  4. Cambio en la Política Económica. Es necesario rectificar el rumbo de la política social. Recuperar las responsabilidades sociales del Estado mexicano y en la rectoría económica para la construcción de un Estado de bienestar que permita, superar las políticas asistencialistas y revertir la desmedida concentración del ingreso y la desigualdad permitiendo una distribución equitativa de la riqueza nacional.

  5. Regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles. Establecer un plazo perentorio para el retiro de las fuerzas armadas de las actividades que corresponden a la autoridad civil en materia de seguridad pública.