La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó respetuosamente al Ejecutivo federal para que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para recibir y examinar casos de presuntas víctimas de ese delito en el país.
Precisó que con base en el mandato que le da el Artículo 102-B de la Constitución, exhorta a que se acepte esa participación prevista en el Artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Además, pidió al Poder Legislativo emprender reformas para contar con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales, y la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos.
En un comunicado, el organismo expuso que la desaparición forzada “ha sido calificada como delito continuo o permanente por diversos tribunales internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la actividad consumativa perdura en el tiempo”.
En la comisión de ese delito pueden violarse distintos derechos fundamentales, como “el reconocimiento de la personalidad jurídica; la libertad y seguridad de la persona, no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
También los derechos a la vida, a una identidad, a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; “a un recurso efectivo con reparación e indemnización y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición”, subrayó la CNDH.
Detalló que se configura como una violación grave a los derechos humanos prevista en tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La CNDH enfatizó que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El organismo recordó que México tiene pendiente el cumplimiento de dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal de dicho comité.
Refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, y subrayó la importancia y urgencia de la aceptación de la competencia de este comité para generar condiciones que garanticen la investigación y sanción de ese delito.

