norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

La realidad demuestra, una vez más, que en el gobierno federal los diagnósticos se realizan de la peor manera posible. Y por lo tanto, los resultados quedan muy lejos de los discursos y las expectativas. Y Guerrero podría ser uno de los ejemplos más acabados de esta situación.

El grupo en el poder apuntaló al gobierno de Angel Aguirre. Es más, desde el gobierno del Estado de México se impulsó y respaldó la ambición de Aguirre para primero, ser candidato y, después gobernador. Cuando perdió la lucha interna en el PRI simplemente se marchó al PRD con el beneplácito del peñismo.

Cuando las cosas en Guerrero se descompusieron se llevó la Cruzada Contra el Hambre. Cuando los fenómenos naturales golpearon a la entidad, se “reinició” la Cruzada en Guerrero. El respaldo oficial federal no tenía límites.

Al momento en que todas las señales mostraban la descomposición política acelerada en Guerrero, el gobierno federal simplemente brindó nuevos apoyos. Y cuando el problema de Iguala estalló en las manos, se dieron todas las oportunidades al gobernador para intentar mantener el control político de la entidad.

Pero la realidad, la terca realidad, había destrozado al gobierno de Aguirre y arrinconado al gobierno de Enrique Peña Nieto.

No debe olvidarse que al momento de la desaparición de los normalistas, el gobierno federal tenía en las manos el muy explosivo caso de Tlatlaya. Y a querer o no, había perdido la primera gran batalla: la de la comunicación.

El gobierno había intentado ocultar la verdad del enfrentamiento del ejército con supuestos delincuentes. Y no había informado sobre lo que se encontraba en la bodega en la que se escenificó el encuentro. Se había ejecutado a civiles sin juicio y de manera sumaria. Y se había hecho el intento por esconder la realidad.

Bajo esas condiciones, al momento en que Iguala se hizo presente, el gobierno federal caminaba con uno de sus más importantes, más que lesionado. El uso de la violencia le pertenecía, pero no tenía ya legitimidad para utilizarla. Tlatlaya se convertía en una derrota de enormes proporciones.

Las cosas llegaron a niveles más serios al momento en que se cuestionó la no participación del ejército en Iguala. Y las explicaciones oficiales sobre los protocolos no ayudaron en nada.

Ahora, en Guerrero la situación empeora. La estrategia oficial parece haberse fincado en la idea de que si se entregaba el poder estatal a los grupos de izquierda, los problemas entrarían en una ruta de solución. Y como en otras muchas ocasiones, el diagnóstico fue equivocado. Y la receta sólo empeoró la problemática.

En Guerrero no hay gobierno. Hay muchos “gobiernitos”. Tantos como corrientes de izquierda existen en el estado. Y la señora Rosario Robles sabe ahora que una cosa es marchar para protestar contra el gobierno y otra, muy diferente, tomar decisiones de poder para resolver una crisis. Y entiende totalmente, que sus aliados lo son en tanto la situación les favorece. De lo contrario, pueden ser, como lo han sido, rivales radicales capaces de utilizar todos los recursos a su alcance para alcanzar las metas planteadas.

Lo que sucede en Guerrero es la mejor demostración de que el gobierno federal no acaba de entender el problema al que se enfrenta. Quiere resumir las cosas a un “complot” interno y externo. Se niega a reconocer sus muchos errores. Atribuye a los contrarios los afanes “desestabilizadores”, pero no mide las consecuencias de sus equivocaciones.

La realidad es que en estos momentos, la fuerza es patrimonio del estado. Pero utilizarla sería abrir la caja de Pandora. Y la victoria no sería para el estado. Se ha perdido la legitimidad. Y la credibilidad.

Después de todo, Tlatlaya, Iguala y el “fondo inmobiliario Higa” han mostrado muchas cosas. Y entre ellas, destaca el hecho simple, pero contundente, de que el gobierno puede no decir la verdad y en casos extremos, ignorar la ley.