La CNDH afirmó que ante los recientes hechos de violencia contra periodistas en diferentes partes del país el Estado es el primer obligado a constituirse en garante de la libertad de expresión.
Ello debido a que las instituciones deben asumir su responsabilidad esencial para dar vigencia a la democracia en el país, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado.
Detalló que de 2010 a la fecha tiene 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación, y conoce de 97 muertes de comunicadores o trabajadores del gremio asesinados presuntamente en razón de su trabajo.
La CNDH aseguró además que de 2005 a la fecha ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
Precisó que la profesión periodística es, por definición, una actividad pública, y “en este carácter encuentra precisamente su razón de ser”.
“Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos, permite a la sociedad estar en mejores condiciones para decidir su destino”, y es “donde convergen los ejercicios a los derechos de expresión y de información”, agregó.
Sostuvo que mediante el ejercicio de la libertad de expresión los periodistas y los medios de comunicación “son aliados naturales de la ciudadanía para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad”.
Los periodistas, subrayó, requieren de garantías para trabajar en un entorno libre de amenazas y violencia, pues esas condiciones vulneran sus derechos y dañan a la sociedad al restringir la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones.
La CNDH advirtió que por ello el Estado tiene la obligación de investigar efectivamente “las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como indagar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo”.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 