PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La ciudad de México vivirá hoy serios problemas gracias a las marchas programadas para recordar a los normalistas desaparecidos en Iguala hace cuatro meses. Y con este evento se declarará formalmente iniciado el proceso electoral que culminará en julio próximo.

Las concentraciones a las que se convoca para hoy no son diferentes a las muchas ya realizadas. Tienen un claro contenido político. Y tienen al proceso electoral como gran rehén. A ciencia y paciencia de las autoridades que no han sido capaces de colocar sus acciones en una dimensión mucho más clara para la mayor parte de la sociedad.

El gobierno, que abandonó la participación en Davos con el pretexto de preparar la reunión en Costa Rica de la CELAG, acabó por cancelar también ésta, y lo hace sin dar mayor explicación.

De esta manera, aparece si no totalmente vencido, sí arrinconado y en retirada. La euforia de las reformas se pierde en el temor de la realidad.

Con estas condiciones, las elecciones de este año, con la renovación total de la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas como premios estelares, se convierten en algo más que un proceso más. Es la oportunidad para presionar aún más al gobierno, el cual sencillamente, parece no haber medido con atención, la magnitud de los retos que enfrente ni sus posibles consecuencias.

Incapaz de explicar las cosas, la autoridad federal se enredó en Iguala, primero por su reacción más que tardía, torpe, y después por su incapacidad para comunicar y para lograr la confianza de la sociedad.

Es así que en estos momentos, con la desconfianza en aumento, el tema de las elecciones pasa a ser algo muy serio. Y entidades como Michoacán y Guerrero se convierten en el eje del problema.

En ambas entidades se han desatado movimientos que buscan con las diferencias del caso, colocar a los comicios en el terreno de la inviabilidad. Esto es, no quieren elecciones.

Ante ello, el gobierno federal se tropieza con sus propios errores y resulta, de nueva cuenta, incapaz de convencer que el proceso electoral puede realizarse en estas entidades, de manera normal.

Sumado a ello, la autoridad electoral simplemente perdió la oportunidad de generar confianza y en estos momentos se coloca como una parte más del problema y no de la solución.

Esta batalla política, que involucra a todos los partidos pero que ni con mucho es un conflicto sólo de partidos, puede tener resultados bastante delicados para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se nos quedamos en Guerrero, en donde las cosas parecen ser más complicadas, tenemos que la autoridad estatal es parte de una corriente política que al paso de los años, ha luchado en contra de todo lo que es el sistema político. Por ello, resulta infantil suponer que en esta ocasión, con la oportunidad en la mano para consolidar su poder, hará nada por favorecer el clima necesario para la elección.

Ya se atacaron instalaciones electorales. Se persiguió a funcionarios dedicados a preparar la elección. Y se amenaza con no permitir que el proceso se lleve al cabo.

Sin el proceso, no habría gobernador, ya que Guerrero es una de las entidades que renovará Poder Ejecutivo. No habría Congreso estatal. Y no habría autoridades municipales.

El proceso político que ello implicaría sería largo y de elevados costos. Muchos de estos correrían a cargo de la sociedad por supuesto.

Pero el impacto internacional sería simplemente devastador. El gobierno perdería el poco capital que aún tiene en las manos. Y las reformas quedarían, de nueva cuenta, en entredicho.

Así, lo que veremos hoy en la ciudad de México tiene a los normalista desaparecidos como eje. Pero el blanco será el proceso electoral.

Y el gobierno parece no darse cuenta de lo que tiene ante sí. Y claro está, menos aún parece tener la capacidad para aplicar de manera rápida y clara, una respuesta adecuada.