PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Es obvio que el caso Iguala no ha sido cerrado. Pero también lo es el hecho de que la PGR ha dado por terminada la parte central de la investigación, con el argumento de que se tiene el móvil, los responsables intelectuales y a los ejecutores del ahora ya oficial, crimen de los normalistas.

Sin embargo, considerar que el tema ha sido debidamente solucionado podría ser algo que no se ajustara en todos los términos, a la realidad.

Es claro que el caso, en lo que al momento de los hechos se refiere, tiene en los dichos de la PGR, mucho de soporte. Y por supuesto, de lógica. Pero aún así, hay mucho que falta por considerar. Y de ello las autoridades no han dicho una sola palabra.

Si se toma en cuenta lo que dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al dar a conocer la “verdad histórica” del crimen, en Guerrero había relacionado con el caso, dos grupos de delincuentes organizados, conocidos como “Guerreros Unidos” y los “Rojos”, los cuales, entre otras muchas cosas, todas ilegales, se dedicaban a buscarse entre ellos para asesinarse.

Este sería el eje del problema. Confusiones de los bandos en pugna, los normalistas en el medio, la corrupción de la policía y las autoridades municipales y las consecuencias que todos conocemos ya.

Pero ¿no hay nada más que decir?

Si los grupos de delincuentes trabajan a sus anchas en esta zona de Guerrero, ¿en dónde estaban las autoridades locales y federales, encargadas de investigar este tipo de actividades?

¿Es realmente aceptable que la PGR no mencione en ningún momento el hecho evidente que hay autoridades, más allá de las municipales sometidas a investigación y ya bajo acusaciones de diverso tipo, que no cumplieron con su función?

Si los señores Abarca, por lo menos ellos, estaban ligados a la delincuencia organizada, ¿no la autoridad federal tendría que haberlo sabido y actuado en consecuencia en contra de estos señores o por

lo menos haber creado algún tipo de control para evitar daños mayores como los que finalmente sucedieron?

¿No el gobierno federal señalaba en sus discursos sobre la seguridad, lo mucho que se había logrado y lo mucho que se trabaja para acabar con todo tipo de complicidades entre autoridades y delincuentes? ¿Cómo es que los Abarca pudieron “trabajar” con toda impunidad?

Del mismo modo, ¿puede realmente creerse que la autoridad estatal, en manos de Angel Aguirre en ese momento, no sabía nada de lo que sucedía en Iguala antes, durante y después de los hechos a los que ahora se considera resueltos?

Un gobernado tipo cacique como Angel Aguirre ¿no tenía conocimiento alguno de las actividades de los Abarca? ¿A pesar del trato regular con la pareja de Iguala, Angel Aguirre no tiene nada que decir ni aclarar sobre lo sucedido?

Este y muchos otros puntos serán los que, quiera o no la PGR, le darán vida al caso Iguala. La “verdad histórica” puede ser la que las autoridades quieran. Pero la verdad simple y contundente, no se tendrá a la mano hasta que la investigación sea realmente, la que se requiere para saber el cómo de lo sucedido.

Las evidencias muestran las enormes fallas, por omisión o por corrupción, o por ambas, de las estructuras oficiales, estatales y federales, encargadas de la seguridad. La complicidad de autoridades electas con grupos ligados al narcotráfico es simplemente la demostración más seria de lo que sucede en el país.

Y en tanto el tema no se aclare realmente, todo lo que se diga sobre los normalistas podrá ser real, pero siempre será incompleto. Y esa parte será el soporte para que el asunto se mantenga como un reto político que el gobierno federal no podrá ganar.

Guste o no, las estructuras del estado formaron parte del crimen. Y es por ello que es al gobierno a quien le urge, o debería urgirle, aclarar el crimen. Pero totalmente y no sólo en lo relacionado sólo al día de los hechos.