PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Con la realidad como rival y sin mayores posibilidades de un efectivo escape político, el gobierno de México decidió enfrentar el reto de de las desapariciones forzadas planteado en Ginebra con una actitud en la que sin declararse culpable, asume el fracaso de la política de derechos humanos en nuestro país,

La delegación mexicana que participa en el análisis sobre las desapariciones forzadas en México montado por el Comité de la ONU, fue simplemente clara al reconocer que existen muchos retos en el tema y que los de los normalistas en Iguala es parte del problema.

De esta manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta esquivar el golpe que significa tener que asistir a un juicio que sin carácter legal y sin posibilidades de condena real, si puede lanzar “recomendaciones” que mucho pueden lastimar.

Pero la actitud de los delegados mexicanos puede tener aún mucho que explicar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no sólo reconoce que el problema de las desapariciones en el país es muy serio, sino que estableció que los derechos humanos en México hacen frente a una de sus etapas más desafiante y crítica.

Y por si fuera poco, remarcó el conflicto que significa la falta de congruencia, obviamente de las autoridades, entre lo que establece la norma y la realidad.

Bajo estas condiciones, lo que resta del evento tendrá que ser algo muy parecido al trámite del expediente.

Habrá por supuesto, planteamientos de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Y señalamientos sobre los más de 23 mil desaparecidos en el país en los últimos años. Pero el problema de fondo está planteado ya. Y no es otro que el de la impunidad. En todos los niveles.

Y es ahí en donde el gobierno mexicano recibirá el golpe.

Se puede hablar de que la mayor parte de las desapariciones corren a cargo del gobierno de Felipe Calderón. Y se tendrá razón. Se podrá hablar de los cambios que se han intentado en esta administración y de nueva cuenta, habrá razón.

Sin embargo, a dos años de iniciada la actual administración es obvio que no será fácil esquivar la responsabilidad sobre mucho de lo sucedido.

Se podría hacer un ejercicio para adivinar el sentido de las recomendaciones y críticas con las que el foro en Ginebra habrá de concluir. Pero ello en suma, ya no importa.

Lo que tiene que verse es la forma en que el gobierno recibirá la crítica. Hasta el momento, todo señala hacia el intento por esquivar la responsabilidad. O al menos la mayor parte de ella.

Y si esa es la estrategia, los problemas podrían simplemente, aumentar de manera muy seria.

El gobierno quiso “cerrar” todo el caso de Iguala. Y no logró el objetivo. Intentó dar por terminado el caso Tlatlaya y no logró mayor cosa. Y las conclusiones en este tema quedan ahora sujetas a los resultados en Ginebra.

Y si quedó claro que hay que combatir los efectos de la pobreza, la violencia y la exclusión, queda también a la vista que el objetivo central debe ser la impunidad. Y en ese terreno es en donde el gobierno ha patinado una y otra vez.

En Iguala no se ha dicho nada sobre las fallas de inteligencia que permitieron la alianza del narco con autoridades electas. En Tlatlaya se intentó cubrir la ejecución de los detenidos. Y no se ha sancionado a nadie por ello. Y en el tema de las casas, se quiere cerrar todo el problema sin realmente aclarar lo sucedido.

Si en Ginebra lo que se ha condenado hasta el momento es la impunidad, el gobierno tiene ante sí un reto muy serio. No se trata solamente de la impunidad sobre los 23 mil desaparecidos o los 43 asesinados en el caso Iguala. Se trata de una decisión de gobierno sobre el tema.

Y hasta el momento, lo que henos tenido son discursos, pero no decisión del gobierno para hacer frente a lo que en Ginebra apareció como el verdadero eje de la creciente tensión social en el país.