PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

En la lucha por recobrar al menos algo de la credibilidad perdida, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha iniciado un proceso del que espera salir victorioso, pero que si las cosas no se entienden de la manera adecuada, podría resultar profundamente dañado.

Al designar a Virgilio Aandrade como titular de la función Pública y ponerlo al frente de la investigación sobre los conflictos de interés por el tema de las casas Higa, el presidente acepta que hay malestar e incredulidad social. Pero no entiende que al destacar en ese mismo evento que todo se debe a “una percepción” equivocada, lo que hizo fue anunciar el resultado de dicha investigación.

Y el problema con Los Pinos es muy sencillo. Ya no es sólo que “no entienden que no entienden”, sino que la pérdida de confianza y credibilidad ha pasado del terreno legal, al campo de la moral. Y ahí no parece sencillo encontrar la salida.

Virgilo Andrade ha dedicado sus primeras horas como flamante secretario de estado, a explicar que se aplicará la ley. Y que antes que “empleado” o “amigo” es funcionario público, lo cual por supuesto, no sólo está bien, sino que es algo que deben darse por sentado.

Pero no es la ley, al menos la que el gobierno piensa, lo que se tiene en duda. Es el accionar de los funcionarios más importantes del régimen. Y el problema es que una decisión “legal” no parece que pueda ser suficiente para resolver un problema que se origina en la soberbia y el sentido patrimonialista del poder que priva en la actual administración federal.

En el momento en el que el presidente Peña Nieto le recordó a Virgilio Andrade, ya que es claro que para él fue el mensaje, que el presidente no es el que se encarga de entregar contratos, lo que hizo fue ponerle en claro que no hay condena posible.

Y es posible que ello pueda ser cierto en lo que legal. Y queda entonces claro que el gobierno quiere un “juicio legal”. Esto es, basado en las leyes que, por cierto, no son más inútiles en estos

momentos, por que ello no es posible.

Dicho de otra manera, lo que el gobierno quiere es otra “verdad histórica”, mediante la cual quede probado que no se ha violado ley alguna.

Pero lo que la sociedad quiere es una demostración de que, ética y moralmente las acciones del gobierno no tienen falla alguna. Y ahí los dichos del señor Andrade no parecen tener el peso necesario para aclarar las cosas.

El gobierno sintió el evidente y creciente malestar de la sociedad. Y ante la falta de explicaciones de fondo, se optó por una respuesta “oficial”. Se rechazó la posibilidad de una investigación realmente independiente. Se quiere vestir las acciones que hará la Función Pública se legalidad y se quiere dar al “panel de expertos” un tono de peso absoluto para alcanzar la “legitimidad” que se pretende y con ella, recuperar la credibilidad.

Pero nada de eso funcionará si, en el trayecto no se determina con toda precisión, por ejemplo, cuántas casas en total, fueron financiadas por Higa y a cuántos cuadros ligados al gobierno federal y antes, al del Estado de México.

Y por supuesto, montos reales de los contratos que en en Estado de México y a nivel federal se firmaron con la empresa en cuestión.

El conflicto es obvio. Negarlo es perder el tiempo. Y querer convertir el tema en un asunto sólo de legalidades, es tramposo.

Todos sabemos que el presidente no entrega contratos. Pero también, sabemos quien es el que ordena. Y por ello, el asunto no es de legalidades, sino de legitimidades. Y por supuesto, de entender que, a querer o no, lo que se puso en juego es la ética política del gobierno. Y en esa apuesta, los resultados podrían no ser los que se quieren alcanzar.