norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para administrar los problemas, parece no sólo no dar resultado, sino en conquistar precisamente, lo que se quiere evitar: el descrédito.

Así, en Iguala, una vez que se entendió que el problema de los normalistas había rebasado todos los límites aceptables, se aceptó que el tema había dejado de ser local y se utilizó el poder federal. Tarde y con una torpeza singular, el gobierno intentó llevar las cosas por la “ruta legal”, dejando de lado la política.

Los resultados están a la vista. El golpe proporcionado por los peritos argentinos es mucho más serio de lo que se quiere reconocer. Y la respuesta al fallo de los forenses visitantes, es se acepte o no, las nuevas medidas en Guerrero, entre las que destacan las aprehensiones de exfuncionarios de Angel Aguirre y de uno de sus hermanos. La presión social determinará si el exgobernador pasa a ser directamente involucrados en los asuntos que hoy estallan, por más que resulta evidente que fue el propio gobierno federal quien le brindará protección total a lo largo del conflicto por los estudiantes de Ayotzinapa.

Por supuesto, todo mundo entiende que el costo político de todo este asunto corre ya a cargo de los fondos políticos del propio Enrique Peña Nieto, por más “verdades históricas” que se den a conocer.

Otro tanto parece que sucederá con el tema de las cuentas en Suiza y de los departamentos y casas en Estados Unidos.

El gobierno parece no entender que, lo acepte o no, el costo de estos problema caerá directamente en su imagen.

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto el reto no es, por el momento, la imagen, sino las elecciones. Y las encuestas dicen que si bien la aprobación ciudadana para con el gobierno se ha

desplomado, en lo que se refiere a las elecciones, la preferencia va con el PRI.

Así, el gobierno parece dispuesto a pagar el elevado costo del desprestigio si a cambio de ello, se obtiene el beneficio del control en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego en los comicios de este año.

Lo que el gobierno parece no haber calculado es la aparición de nuevos escándalos. Y parece no haberlos medido de manera correcta.

En lo que se refiere a los costos suizos, lo que queda claro es que la autoridad tiene diferentes maneras de medir los flujos de dinero. No importa la procedencia, lo que vale es el nombre de los usuarios del sistema. Si se trata de un ciudadano común, la persecución será total y la “aplicación de la ley” será absoluta. Y ello debilita no sólo al gobierno, sino a la estructura bancaria.

En el caso de las casas y departamentos en Estados Unidos, el problema podría ser un poco más serio, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto parece no comprender que, de acuerdo con los datos que se han publicado en Estados Unidos, lo que aparece es un entramado muy especial, para crear empresas fantasmas, dedicadas a la compra de dichos bienes inmuebles a favor de destacados políticos y empresarios.

La situación se complica al momento en que, como parte de ese entramado, aparecen nombres de destacados personajes ligados más que estrechamente, al grupo político que respaldó a Enrique Peña Nieto en su devenir político.

El problema entonces, se convierte en un tema estrictamente políticos que, de entrada, invalida de manera contundente, todo el discurso de campaña y de gobierno, en contra de la corrupción y la impunidad.

Y si el presidente Peña Nieto aparece ya como alguien que no cumplirá con los compromisos más importantes, la situación del gobierno puede convertirse en un serio problema. Mucho más allá de que con la complicidad de Gustavo Madero y de Jesús Ortega, el PAN y el PRD las elecciones le den al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados.