norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas arrinconó al gobierno de México. Y no por las cifras o señalamientos hechos sobre la violación de derechos humanos o la falta de acciones oficiales sobre el tema, sino por que, con sus puntualizaciones puso a la vista, la notoria incapacidad de la administración federal para resolver los problemas nacionales.

Como se recordará, el citado comité, con sede en Ginebra, realizó sesiones en las que se analizó el tema de las desapariciones en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto envió al evento, una nutrida delegación con la estrategia de reconocer el problema y hablar de las medidas tomadas y las que se tomarán en los tiempos por venir.

Pero las cosas no salieron como se esperaba. Los dichos del gobierno se confrontaron con las acusaciones de, por ejemplo, los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala y por supuesto, con la propia información recabada por la ONU.

Y las conclusiones son simplemente, demoledoras: “el problema de las desapariciones se extiende por gran parte del país” por lo que “hay un serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”. Y para acreditar sus afirmaciones, los integrantes del Comité de la ONU destacaron el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

En síntesis, para la ONU “fallas las investigaciones y la mayoría de las veces se quedan en blanco”. Esto es, sin culpables y sin sanciones, lo que nos lleva a la impunidad.

El gobierno por supuesto, respondió de manera inmediata. Y los discursos fueron al menos en la forma, contundentes.

Pero esos discursos se lanzaron más con ganas de “quedar bien” con la sociedad, que con la intención de aclarar o rebatir la postura de la ONU.

El punto es que, se acepte o no, para el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el gobierno

de México no ha hecho las cosas de manera correcta. No ataca la corrupción que permite la alianza entre políticos y delincuentes, no sanciona la incapacidad y/o corrupción de las autoridades encargadas de proteger a los ciudadanos.

El discurso oficial habla de generalidades, pero lo hace para no responder al señalamiento central del Comité.

Y si el problema es que la ONU habla de incapacidad, el reto entonces es más simple, pero mucho más importante y podría resumirse en la idea de ¿puede el gobierno mexicano tomar las medidas para hacer frente realmente al problema de corrupción, impunidad e incapacidad que le agobia?

Dicho de otra manera, ¿puede el presidente de México modificar el escenario y convertirse en un verdadero jefe de estado?

El gobierno, después de las crisis de Tlatlaya e Iguala, ha intentado recuperar el control de la agenda política nacional y no ha logrado su objetivo.

Ha impulsado el recorte del presupuesto con la bandera de la protección a la estabilidad financiera. Ha puesto en marcha una investigación, tramposa, pero investigación al fin, sobre el conflicto de intereses por la compra a proveedores del gobierno, de las famosas casas y se ha lanzado en Guerrero a una lucha contra la “corrupción política y económica del grupo del exgobernador Angel Aguirre”

Pero nada ha logrado detener la caída en la aceptación del gobierno. La presión internacional se mantiene. Y en lo interno, el malestar crece.

De esta manera, entender como un ataque y no como lo que es, un aviso, el fallo del Comité de la ONU, puede ser un error político muy serio.

En unos días, la CIDH entrará en el tema de Iguala, y se esperan problemas con sus determinaciones. Los peritos argentinos que participaron en las investigaciones, no respaldaron la “verdad histórica” de la PGR. Y la credibilidad oficial mantiene el ritmo de caída.

La ONU habló de incapacidad y de corrupción e impunidad. Pero el gobierno quiere hablar de cifras y de legalidades. Y la distancia entre ambas posiciones habla, claramente, del tamaño del problema que se vive en México en estos momentos.