El Partido Verde se ha burlado del marco legal. Y nadie puede negarlo. Ha sacado ventaja de sus acciones fuera de norma. Y ello es un atentado contra la sociedad y no sólo contra el sistema político. Y la autoridad electoral ha demostrado una extraordinaria tolerancia para con ese accionar. Y nadie ha puesto remedio.
El Verde se ha demostrado como lo que es: una empresa política dispuesta a lograr su permanencia en el círculo del poder, sin importar las formas que se utulicen para ello.
La nueva autoridad electoral ha resultado, en el mejor de los casos, incapaz y, en el peor, cómplice del accionar de los verdes. Ha impuesto multas y aplicado otras sanciones, pero siempre, como parte del beneficio político para el PV y su estrategia.
Ante esta situación, parece haber llegado el momento de un recuento real de los hechos. Y no sólo de un fenómeno de temporada electoral que, grave como es, resulta incompleto para medir totalmente, el problema al que se enfrenta nuestra democracia.
El Partido Verde ha sido, desde siempre, un filibustero de la político. Capaz de atacar cualquier cosa a cambio de un beneficio. Y por supuesto, capaz de aliarse a cualquier proyecto, siempre que ello le brinde alguna ventaja.
Incapaz de acreditar un verdadero accionar como partido, ha logrado sus avances en función de sus alianzas. Y es ahí, en las alianzas en donde habrá que buscar para encontrar buena parte de sus acciones de hoy y la aparente impunidad que habrá de lograr para sus violaciones a la ley.
No se requiere de un gran esfuerzo de memoria para tener presente que el Partido Verde se sumó, con singular alegría, a la campaña priísta por la Presidencia de la República. Y que a cambio de esa alianza, que llevó a Enrique Peña Nieto al poder, los verdes alcanzaron una buena bancada en San Lázaro, una representación en el Senado y la gubernatura de Chiapas, entidad que encontró en
Manuel Velasco, no sólo al “futuro político”, sino al amigo del nuevo presidente.
A partir de entonces, el Verde pasó a ser una dependencia política más dentro de la estrategia del priísmo, lo mismo dentro del gobierno federal que en las trincheras políticas.
Valdría la pena, por ejemplo, recordar la forma en que el mandatario chiapaneco se ha promocionado políticamente, sin que se le sancionara de manera alguna, pera entender que lo que hoy sucede no es más que parte de un proyecto más amplio.
El PRI sabe, como lo sabe el gobierno federal, que por más esfuerzos que se realicen, los candidatos del tricolor por sí sólos, no habrá de alcanzar una votación suficiente como para tener el control de la próxima Cámara de Diputados.
Y como ese control resulta indispensable para el gobierno, entonces la alianza con el Verde es algo más que indispensable. Pero tal mismo tiempo, lo que e requiere es que el PV crezca en el ánimo de los votantes.
Y ahí aparece la campaña, fuera de tiempo y a todas luces inequitativa, que ha desarrollado el equipo verde. Cantidades importantes de dinero. Singulares gangas en los espacios. Actitudes de los medios utilizados que, a pesar de las protestas y decisiones legales, mantuvieron las campañas. Ligas con empresa familiares, apoyo de empresas a pesar de que ello está expresamente prohibido por la ley, beneficios igualmente rechazados por la legislación y muchas cosas más-
a cambio, una multa que, por importante que resulta ser, no controla el beneficio ilegal, alcanzado Y que además, resulta ser más barata que una campaña destinada a lograr semejantes beneficios.
El Partido Verde ha utilizado el peso de sus alianzas. Y lo ha hecho para dar los votos al gobierno que el PRI no le garantiza.
Y la autoridad electoral, torpe y parte también de esa alianza, ha dejado que las ilegalidades corran.
Cinismo y trampas, para alcanzar los votos. Votos que, más adelante, desde el Congreso, servirán para que las decisiones de gobierno pasen sin problemas y para que el Verde y quienes lo controlan, aumenten sus privilegios y beneficios.
Claro, además, con el desprestigio total, de la autoridad electoral.


