PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Agobiado por la crisis de credibilidad y arrinconado por los problemas financieros que son ya una amenaza para el futuro inmediato, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha lanzado un mensaje a la Nación que supuestamente tendría que tranquilizar, pero que bien visto, podría resultar en todo un boomerang que dañe aún más, la confianza ciudadana.

El grupo en el poder quiso, primero, evadir todo el escándalo de los conflictos de interés que tanto han dañado al gobierno. Después, entendió que la situación financiera es un reto de grandes proporciones y se buscó, anunciando la crisis, asumir el control de la agenda nacional y así, tener espacios para alcanzar las tan necesitadas respuestas.

Ahora, sin recuperar la confianza y con el panorama económico nada tranquilo, se ha entrado en una etapa en la que aparentemente, se quiere hablar con la verdad, con la esperanza de que las medidas que se tomen conduzcan a una verdadera recuperación.

Pero el mensaje no tiene consistencia. O, en el mejor de los casos, no es del todo claro. Ni completo.

Ante la postura crítica presentada en Acapulco durante la Convención Bancaria por los hombres que manejan el circulante en el país, el gobierno decidió anunciar la reingeniería que se aplicará al presupuesto. Algo que puede ser bueno, pero que no deja de tener riesgos. Y se explicó que a partir del proyecto de egresos para el año próximo, se partirá de cero. Esto es, todo se analizará a fondo para que todo sea mejor.

El problema inicial se origina precisamente en la argumentación del titular de Hacienda, Luis Videgaray, para justificar la decisión.

Según el Secretario de Hacienda, la base cero “no es más que revisar completo el presupuesto, la estructura presupuestaria, saber qué programas funcionan, cuáles no están cumpliendo con sus objetivos, cuáles no están bien evaluados, que dependencia del gobierno federal o qué áreas de la administración pública están duplicando funciones o ya no cumplen con el objetivo para el que fueron

creadas”.

Y este es precisamente el motivo de las dudas.

De acuerdo a lo dicho por el funcionario ¿el gobierno no conoce el estado real de los programas? ¿No sabe en qué y cómo se gasta el dinero? ¿Si la crisis no existiera, no se hubieran revisado el gasto y sus objetivos?

Es sencillo entender que si algo debe ser revisado, se debe a que no se conoce a fondo su desarrollo. De esta manera, si los programas deben analizarse para saber cuáles funcionan, la lógica nos dice que hay algunos que no funcionan. Y que la crisis obliga a revisarlos, pero no la lucha por la eficacia y los resultados. Si la crisis no aparece, el país hubiera mantenido el gasto en programas que, de acuerdo a la postura oficial podrían no ser los más adecuados.

En pocas palabras, el gobierno ha decidido revisar el presupuesto y partir de cero a partir del año entrante, sólo para poder contar con dinero y no para verdaderamente, alcanzar la eficacia.

El problema crece al momento en que se entiende que el gasto pública en nuestro país se realiza en base a una larga serie de acuerdos políticos. Y así, la pregunta obligad es ¿los acuerdos se sostendrán sin importar el costo político? ¿la revisión total del presupuesto modificará las negociaciones con los partidos políticos, por ejemplo? ¿En verdad es necesaria una revisión del presupuesto para saber que en el gobierno de Felipe Calderón se duplicó por lo menos, buena parte de la alta burocracia y que en este gobierno nada se ha hecho para acabar con ese incremento en el gasto corriente?

El gobierno ha entrado en una ruta de la que no le será sencillo salir. Abrió un nuevo frente de batalla. Y lo ha hecho justo en el inicio de una campaña electoral. Y los rivales saben que este es un nuevo filón para cuestionar, de nueva cuenta, decisiones que de salida, no tienen la confianza de los ciudadanos.