PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Al gobierno de Enrique Peña Nieto no le gustó que el Papa hablara de la “mexicanización” de los problemas argentinos. Y lo convirtió en tema personal. No le agradó la postura de los forenses argentinos, y atacó sin piedad a los expertos visitantes. No le conformó el fallo del comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y respondió con furia a los dichos de los ponentes. Y no aceptó el fallo del relator de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y buscó hundirlo en el desprestigio.

Sin embargo, los resultados no han sido aquellos que el gobierno federal pretendía.

El Papa no parece haber resentido en lo más mínimo la reacción mexicana. La diplomacia obligó a ciertas reacciones, pero nada de lo que la administración mexicana pueda presumir. Los peritos argentinos mantienen su prestigio en tanto que el gobierno ya cambió de titular en la PGR y el caso Iguala no acaba de resolverse. El tema de las desapariciones se mantiene en el mismo nivel y en el caso de la tortura somos blanco de serias críticas en el campo internacional. La batalla se perdió en todos los frentes.

Así, ¿qué fue lo que obligó al gobierno de Peña Nieto a reaccionar como lo hizo, especialmente en el caso de la tortura?

El largo informe presentado por el relator Juan Méndez deja ver que, guste o no, el equipo de Relaciones Exteriores, con José Antonio Meade al frente, ha sido un fracaso en materia internacional. Y bastaría con una leve mirada a lo sucedido en ese campo para entender un poco lo que sucede.

El acercamiento con China fue mal calculado y peor ejecutado. Y ahora tenemos incluso, que pagar por los errores cometidos.

No se ha restablecido el liderazgo en Latinoamérica. Y en cambio, sí hemos perdido terreno en la eterna lucha diplomática con los Estados Unidos. Los “acercamientos” con Europa se mantienen en

el nivel de los discursos.

A ello habrá que añadirle que, en el caso del informe sobre la tortura, el equipo de Relaciones Exteriores no fue capaz de entregar información suficiente al relator de la ONU como para cambiar la visión que terminó con el señalamiento de que en México, la tortura es una práctica generalizada.

Y aquí habrá que tener presente que el informe rendido por Juan Méndez establece que tener al ejército en las calles es un error. Algo que en su momento el PRI criticó a los panistas, pero que no modificó al regresar al poder. Y ello molesta por la simple y sencilla razón de que nos lleva, a querer o no, a los sucesos de Tlatlaya, en donde las fuerzas armadas ejecutaron a una veintena de civiles.

El informe de la ONU señala que en México, la tortura lo practican lo mismo, policías municipales, estatales y federales, tanto como las mismas fuerzas armadas. Además de que en el problema se cuenta con la complicidad de jueces, médicos, y fiscales. Un informe demoledor. Y ello no gusta por que, en buen romance, lo que establece es la absoluta falta de compromiso oficial para resolver el problema.

El nivel de corrupción existente deja ver la falta total de un programa destinado a solucionar esa situación.

La reacción del gobierno, desmedida por decir lo menos, buscó cuestionar a nivel personal, el resultado. Y entonces, lo que tenemos a la vista es que, el gobierno de Enrique Peña Nieto parece tener recelo de los acontecimientos que están agendados.

En unas semanas, habrá en la ONU reuniones sobre derechos humanos y sobre tortura. Y como las críticas contra México están en todas partes, parecería que, por precaución, lo que se ha decidido es buscar mostrar que más que otra cosa, lo que nuestro país enfrenta es “mala fe”.

Por supuesto, ese argumento se viene por tierra cuando se analiza la postura oficial mexicana que dice que el informe sobre tortura se basó “sólo en 14 casos”.

Dicho de otra manera, si son “poquitos” la tortura sí es válida.

Falta saber de parte del gobierno mexicano, ¿a los cuantos casos, la tortura es ya un problema digno de ser tomado en cuenta?