prision-adolescentesAsociaciones civiles advirtieron a diputados de la Comisión de Seguridad Pública que el sistema nacional de justicia para adolescentes contempla únicamente penas punitivas y no rehabilitación o reinserción de menores infractores a la sociedad.

En reunión de trabajo con legisladores, subrayaron que dicho sistema se encuentra rezagado desde hace 10 años. Sólo 14 estados han hecho cambios de fondo para actualizar sus leyes en la materia y sólo Quintana Roo y Durango las han armonizado con el Código Federal de Procedimientos Penales.

En representación de la asociación Reintegra, Jimena Cándano expuso que el sistema penal para adolescentes olvida que los infractores tienen entre 12 y 18 años, por lo que se debe diferenciar entre las penas aplicables a estos y los de los mayores de edad.

“La gran mayoría de estos vienen de comunidades pobres, donde el uso de la violencia en su contra se ha normalizado”, explicó.

“Necesitamos darles una segunda oportunidad y un marco legal que los ayude, donde la ciudadanía se comprometa en esta tarea y el gobierno esté dispuesto a trabajar con ellos y sacarlos adelante con programas que generen reinserción social, no pensados desde el castigo”, dijo.

De la asociación Cauce Ciudadano, Carlos Cruz indicó que los municipios y estados se enfrentan al problema de aplicar adecuadamente penas a los menores infractores, porque no existe un marco legal general.

Además no hay personal especializado para atenderlos ni infraestructura de calidad para sus necesidades, mientras que las mujeres recluidas enfrentan problemas aún mayores que los varones al tratárseles de la misma forma.

“Lo que buscamos con las reformas es que los estados y municipios tengan un ordenamiento nacional que permita construir un sistema protector y consentir la participación de los adolescentes.

“Se les ha satanizado como los peores criminales por la ausencia del Estado, lo que ha provocado que muchos de ellos terminen enganchados por las redes criminales”, señaló.

En tanto Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, refirió que, según las normas internacionales, una pena privativa de libertad es lo último que debe contemplar el Estado para sancionar a un adolescente infractor, algo que no ocurre en el país.

“Se ha comprobado que esto no es suficiente para reconstruir el tejido social ni disminuir los índices de criminalidad; debe haber medidas preventivas y restaurativas”, subrayó.

Susana Camacho, de MSI México, se pronunció por reconocer en los procedimientos de justicia para adolescentes salidas alternas a las penas corporales y que se tome en cuenta la participación de las organizaciones civiles en la formulación de la ley.

“Fue esta Legislatura la que aprobó el Código de Procedimiento Penales, la cual tiene las condiciones para que el tema de los adolescentes sea un engrane importante de dicho sistema”, afirmó.

En respuesta los integrantes de la comisión se comprometieron a impulsar la minuta de reforma al Artículo 73 constitucional, enviada por el Senado, que establece el derecho inviolable del desarrollo integral de los jóvenes.

Además faculta al Congreso para aprobar una legislación única de justicia para adolescentes y la obligación de las entidades y municipios a acatarla.

El presidente del órgano legislativo, José Guillermo Anaya Llamas, consideró que, en virtud de que es un tema muy sensible, se hará un llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la que se turnó dicha minuta en octubre pasado, para priorizar su dictaminación y avalarla en el pleno antes de que concluyan las sesiones ordinarias e la Cámara de Diputados.

México, enfatizó, está obligado a configurar un sistema fundado en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes, por lo que urge un sistema de justicia penal que tome en consideración las propuestas de expertos y organizaciones civiles.

El diputado priista Enrique Cárdenas del Avellano consideró que se pueden realizar leyes pero se debe comenzar desde los hogares para forjar mexicanos de calidad; “esos cimientos crecen en casa, no en la ley”.

“Se puede hablar, desmenuzar el tema y crear leyes, pero si los ciudadanos no crecen con un buenas bases las normas se verán rebasadas”, advirtió.

Agregó que se debe crear una buena sinergia con el Poder Judicial, ya que es el organismo que aplica las leyes, y exhortó a las organizaciones civiles a estar pendientes y dar a conocer los estados en los cuales aún no se trabaja de forma armonizada.

En tanto el perredista José Ángel Ávila Pérez dijo que la justicia para adolescentes cobra especial relevancia porque las leyes al respecto se encuentran considerablemente rezagadas.

Eso, subrayó, debe ser subsanado lo antes posible, ya que impacta no sólo a los menores infractores, sino a los acciones del Estado para resolver el problema.

“Si no encontramos una fórmula jurídica suficiente y moderna, con plena integración de los derechos humanos y con eficacia, seguiremos teniendo este grave problema que derivará en otros más complejos para nuestro país”, sostuvo.