PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 normalistas de Guerrero ha solicitado que se abran nuevas líneas de investigación sobre el caso. Y con ello, guste o no, han modificado la “verdad histórica” presentada como respuesta a los hechos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tropezó con el caso Iguala. Nunca encontró una línea de acción que le permitiera enfrentar la crisis que le crecía en las manos. Buscó la salida, con una tardanza inaceptable y en base a posiciones irreductibles, que no le permitieron alcanzar el objetivo. Quiso cerrar el caso, y sólo abrió mas las heridas.

A nivel internacional el gobierno mexicano quedó atrapado en un callejón en el que la corrupción y la incapacidad no le permitían salida alguna.

Así, se llegó a la “verdad histórica”. Los jóvenes habían sido asesinados y cremados. Se mantenían abiertas algunas líneas de trabajo, pero la parte central había terminado. El mismo presidente Peña en algún momento, llamó a los familiares en lo particular y al pueblo todo en lo general, a la aceptación de lo sucedido y a seguir adelante con los proyectos nacionales.

Pero las cosas no salieron como el gobierno quería. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un grupo interdisciplinario de expertos de diversas nacionales latinoamericanas, para trabajar sobre los hechos.

Y los resultados no son los mejores.

El citado grupo de expertos dará a conocer su respuesta final una vez que se cumpla el plazo de seis meses que se dieron para la investigación iniciada en los primeros días de marzo pasado. Pero al concluir la segunda visita de trabajo, han dejado caer una solicitud que coloca a la versión oficial contra las cuerdas.

Los expertos han solicitado a la PGR que inicie nuevas líneas de investigación sobre lo sucedido. Y aún cuando no quisieron explicar cuáles serían los puntos sobre los que sede trabajar, ni los objetivos que se tienen que alcanzar, queda claro que la “verdad histórica” presentada por la propia PGR es, en el mejor de los casos, incompleta.

Los expertos latinoamericanos quieren trabajos sobre declaraciones, sobre pruebas documentales, sobre fotografías y videos y con ello dejan en claro que el trabajo que se ha hecho hasta ahora, no fue todo lo que se dijo que había sido.

Queda claro que los visitantes quieren que se trabaje más sobre la actuación de la policía municipal, a pesar de los muchos detenidos. Y quieren que la investigación sea más amplia.

Y en este punto no parece existir mayor problema para que se determine, de una buena vez, el papel que el entonces gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, desempeñó. Habría simplemente que recordar que el mandatario sostenía una relación especial con el alcalde de Iguala y con su esposa. Y que muchos lo señalan como responsable en buena medida de las condiciones políticas reinantes en la entidad y en especial en Iguala, que permitieron la desaparición de los jóvenes normalistas.

Pero las malas noticias para el gobierno federal no terminan ahí. Los expertos quieren que el caso sea colocado en el terreno de las desapariciones forzadas. Y con ello, se tendría que el caso no tendría prescripción. Esto es, que el delito quedaría abierto sin importar el tiempo que pueda transcurrir. La responsabilidad podría aplicarse a cualquiera, en cualquier momento.

Y además, esto daría pie a que organismos internacionales tuvieran voz en el asunto.

Para el gobierno federal las cosas se complican.

Tlatlaya revive y con malas noticias. El Departamento de Estado califica a la mayor parte del territorio nacional como abiertamente inseguro. Tamaulipas pone a la vista el fracaso de los planes especiales de combate a la delincuencia organizada. Apatzingan se convierte en un tema explosivo con repercusiones en todos los flancos oficiales. Y ahora, la CIDH se suma al caos con su demanda de nuevas líneas de investigación sobre el caso Iguala.

Y no se puede olvidar el hecho de que en el terreno de las desapariciones forzadas y en el de la tortura, México perdió ya dos importantes batallas.

Lo dicho, la “verdad histórica” duró en México apenas unas semanas.