miguel angel rochaMiguel A. Rocha Valencia

Sistema Anticorrupción ¿Para qué?

Si de verdad los próceres de la Patria disfrazados de legisladores quisieran combatir la corrupción de que muchos son parte y acabar con la impunidad que también algunos de ellos generan, bastaría con aplicar el derecho positivo mexicano e incluso dotar de “dientes” a instituciones que ya existen y se quedan en el simple plano declarativo de la denuncia; no castigan o consignan.

Senadores y diputados se devanan los sesos, se acusan y llegan a la ira para defender posiciones en aras de un sistema anticorrupción que no va a cuajar. Si así fuera, entonces la Secretaría de la Función Pública estaría actuando contra todos aquellos que se despachan irregularmente del presupuesto público, ya sea por exceso o por omisión.

Lo mismo sería con la Auditoría Superior de la Federación que por más denuncias contra el abuso de los dineros públicos o subejercicios, de nada sirve pues carece de capacidad de consignar ante autoridad judicial o ella misma imponer sanciones de carácter administrativo, al menos.

Es la ASF de la Cámara de Diputados, el instrumento con el cual se han descubierto los robos cínicos y excesivos de varios gobernadores; sus análisis han encontrado en los presupuestos federal y estatales, subejercicios y desvíos criminales que en otras latitudes serían castigados no sólo con el despido sino la consignación y encarcelamiento de responsables y culpables.

Ejemplos de todo ello hay muchos, al menos desde el exgobernador de Oaxaca José Murat Casaab que se cansó de robarse las transferencias federales, hasta Humberto Moreira Valdés con el cúmulo de deudas contra las arcas de Coahuila para acumular 24 mil millones de pesos inexplicables. De paso se vería al ex mandatario de Jalisco, el raterazo panista Emilio González Márquez. En la lista pocos se salvarían ya fuera por ladrones, irresponsables, ineptos o ligas indeseables.

En la ASF se ha exhibido a quienes con multimillonarios endeudamientos, tratan de cubrir ineptitudes, además de llevarse su piscacha como por ejemplo, contratar deuda con altos intereses o como sucedió con la Ruta 12 del Metro, pagar dólares más caros (a 17 pesos).

De los funcionarios, la misma Auditoría Superior de la Federación, da cuenta año con año de desfalcos, desvíos y subejercicios, pero nada ocurre. Se hacen grandes escándalos, se rasgan vestiduras, claman por severos castigos “hasta las últimas consecuencias”, con “todo el peso de la ley” contra los infractores, pero ¡No les pasa nada! y todo se diluye.

Y todo porque la casta política que nos gobierna no va a auto flagelarse, no se va a castigar; sus miembros tienen el compromiso no escrito, de protegerse, taparse los unos a los otros, por eso en toda ley por severa que sea siempre dejan el resquicio de salida, la posibilidad de librarla por ser parte del sistema.

Por eso, pensar que con el dizque nuevo sistema anticorrupción se va a combatir con efectividad a quienes la propician desde las alturas del poder político y económico, es como escribir una carta a los Reyes Magos, es soñar con algo imposible en nuestro sistema político, que autogenera sus defensas traducidas en impunidad, recurso este que se aplica cuando alguno de los distinguidos miembros de la casta divina, es descubierto, exhibido en sus debilidades o estulticias, pero no debe ser castigado pues con ello lo estarían haciendo con toda la pandilla y eso, no puede, no debe ocurrir ¡Nunca!

Ejemplo, ahí está la SFP con un par de asuntos más que claros, vistos y juzgados por la sociedad y que sin embargo su resolución se conocerá hasta diciembre, cuando ya se haya olvidado o por lo menos atenuado su impacto en la opinión pública, que es eso, opinión, pero no castiga igual que la tal secretaría con su inepto Virgilio o la ASF sin dientes.