miguel angel rochaMiguel A. Rocha Valencia

Ley, mercancía política

Más que propuestas, el mensaje que percibe la sociedad de la presente campaña política, es que la clase política cojea del mismo pie y que de nada sirve crear, reformar leyes o sistemas anticorrupción para atacar ese fenómeno, pues al final, se protegerán unos y otros, con el manto de la impunidad.

A los largo de los días y semanas transcurridos salen a relucir acusaciones que no se desmienten acerca de cochupos, tráfico de influencias, dinero mal habido, concesiones entregadas o pagadas, hechos presuntamente delictuosos que no se castigan porque afectan o involucran a gobernadores como los de Sonora o Veracruz; surge la “mano negra” de personajes dinosáuricos que insisten en sobrevivir, mantenerse en la nómina del poder y dinero que deja la política.

Paralelamente, los legisladores, que también son parte de esa casta, se devanan los sesos, caen en profundas reflexiones a la altura de sus conocimientos o de sus asesores para reformar y hacer leyes, crear organismos etéreos como el sistema nacional anticorrupción o dar espacio a constituyentes amañados sin representación de los beneficiarios de tales cambios.

Y todo para nada porque al final de cuentas, en los temas de seguridad, corrupción o gobierno, es lo mismo, no cambia; por un lado la impunidad y por el otro el cinismo de quienes administran los dineros públicos incluso en componendas inconfesables pero que se intuyen o saltan a la opinión pública sin mayor consecuencia que el escándalo mediático.

Cambios a leyes que no se aplican que de alguna forma están previstas por el derecho positivo mexicano y a las cuales se le hacen cambios muchas veces discursivos, semánticos pero con la trampa implícita de sus hacedores que en ningún momento se pondrán en el riesgo de ser sometidos por sus creaciones.

Si así fuera, si estuvieran dispuestos a someterse y cumplir la ley, muchos de ellos ya estarían descalificados de participar en el proceso electoral, unos más que merecen cárcel, estarían pasándose unas vacaciones tras las rejas y no disfrutando del presupuesto.

Nombres hay muchos: Pavolovich, Gálvez, Padrés, Duarte, Cué, Reynoso, González o Moreno Valle. Incluso partidos enteros como el Verde Ecologista con todo y sus aztecos encabezados por los senadores Salinas y Puente. La guerra de lodo llega hasta los municipios, diputaciones locales y federales, unos y otros se acusan y exhiben como lo que son, o al menos como ellos se califican.

Ahí están los nombres, las acusaciones, las pruebas que incluso son del dominio público y ¡No pasa nada!, son de todos los colores y sabores, cubiertos por el manto de la impunidad que se impuso desde el “Señor de las Ligas”, los segundos pisos o la línea 12 del Metro.

Tal vez sea porque todos ellos abrevan en el mismo presupuesto, de los dineros del mismo pueblo y a la hora de que alguien es descubierto, fácil, lo protegen con un “riguroso” despido y ¿luego? hasta ahí llegó la justicia ¿verdad Korenfeld Federman? o de plano se les exculpa como el comisionado de Acuacultura de la Sagarpa en cochupo con la candidata a gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich.

Entonces el asunto no es de leyes, es de corrupción en la clase gobernante, grupo que se otorga impunidad cuando así conviene, de tal suerte que la legalidad se negocia y la norma sólo aplica a rajatabla, para los de abajo, los que políticamente son sacrificables, incluyendo, desde luego, el mexicano de a pie.