PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El tercer informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los sucesos de Iguala coloca, otra vez, al gobierno en un terreno más que resbaloso y no sólo le quita la bandera de la “verdad histórica”, sino que deja ver que hay aún muchas cosas por aclarar, además de que las autoridades no les han permitido realizar entrevistas con el personal militar del Batallón 27, acantonado en Iguala.

Los expertos internacionales mostraron preocupación por la forma en que se maneja todo el caso. Y sin mencionarlo así, podría pensarse que temen que mucho de lo que se hace, tiene que ver más con la idea del olvido, que de la aclaración.

Así, cuando los representantes de la CIDH hablan de la necesidad de evitar la fragmentación que hoy existe sobre lo sucedido en septiembre del año pasado con los normalistas de Ayotzinapa, lo que ponen en la mesa es la idea de si esto es lo adecuado, o sólo una forma de diluir todo el caso.

Por ello, los expertos latinoamericanos pidieron que la investigación sea unificada en una sola causa. Y para ejemplificar el problema actual, recordaron que en estos momentos hay 13 diferentes investigaciones, con causas radicadas en Matamoros, Iguala y Jalisco, y con detenidos en otras entidades.

Los representantes de la CIDH dejaron ver que esa no es una forma adecuada para llegar al fondo del problema y aclarar realmente lo sucedido. La unificación es fundamental, ya que ello permitirá tener una sola visión sobre el caso y conectar todos los posibles delitos en una misma causa.

Pero los visitantes fueron más allá. Ante la queja de que varios de los detenidos fueron torturados, pudieron que se haga la investigación correspondiente. Y de nueva cuenta, pusieron las cosas en claro. Esperan que la autoridad cumpla con esa demanda, pero anunciaron que ellos realizarán sus propias investigaciones. Y para que no quedara duda de lo que pensaban, aclararon

que de encontrarse que las denuncias son ciertas, “tendrá que haber efectos legales” y México debe estar consciente de ello.

Sin embargo y a pesar de todo lo anterior es importante, quizá el punto crítico de este nuevo informe, radica en el hecho de que no han podido entrevistarse con los militares del Batallón 27 que tiene su sede en Iguala.

Debe recordarse que los expertos de la CIDH solicitaron hace algo más de mes y medio, estas entrevistas. Y que hasta el momento no han podido llevarse a la práctica.

Explicaron que la solicitud no la pueden tramitar ellos por cuestiones internacionales, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que tienen que recurrir a la Secretaría de Gobernación, a la de Relaciones Exteriores y a la PGR. Y hasta el momento, nada ha sucedido.

Se les avisó que las reuniones tendrían verificativo por medio de la PGR. Pero nada sucedió. Además de que ellos lo que pretenden es reunirse de manera directa con los militares, para tener la información que ellos consideran es necesaria para su trabajo.

Los expertos explicaron que, además, tienen que realizarse investigaciones sobre encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Además de que la investigación general tiene que ser sobre la base de la desaparición forzada y no sobre el secuestro que es como se encuentra en la actualidad.

Total, el tercer informe de los visitantes de la CIDH resultó en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno federal. Ya habían pedido que se mantuviera la investigación, la reunión con los militares y recordaron que el caso es considerado como crimen de lesa humanidad, por lo que demandaron nuevas líneas de investigación.

Ahora, señalan nuevos puntos y recuerdan que de los anteriores, hay mucho que cumplir todavía. La presión se mantiene. Y la “verdad histórica” es en el mejor de los casos, incompleta. Parece obvio que los estudiantes fueron asesinados y calcinados. Pero aún si ello es cierto de la manera en que lo planteó el gobierno, falta mucho por investigar.

Y por lo visto, la CIDH no parece muy dispuesta a dejar que el tiempo “resuelva” las cosas, que parece ser lo que busca el gobierno mexicano.