El legislador federal Ernesto Sánchez promueve modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para frenar abusos de instituciones bancarias y financieras, así como de sus despachos de cobranza.
El perredista hizo énfasis en tal necesidad pues, dijo, persisten las irregularidades en esas instituciones a pesar de las modificaciones que se hicieron a varias leyes a favor de los usuarios en el marco de la reciente reforma financiera.
Aclaró que con su propuesta no pretende contravenirlas, sino enriquecerlas, para que disminuya el número de abusos de los despachos de cobranza, bancos y otros organismos.
Sánchez Jiménez remarcó que las irregularidades continúan a pesar de que las disposiciones de carácter general aplicables a entidades financieras en materia de despachos de cobranza están vigentes desde octubre pasado.
Hizo notar que en el decreto correspondiente se enlistan obligaciones de las entidades financieras para con sus usuarios deudores de productos y servicios que, de cumplirse correctamente, erradicarían prácticas como las de quienes se acreditan falsamente con una orden judicial para embargar bienes.
Expuso que aun cuando la ley faculta a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) para sancionar a las instituciones financieras, no lo hace para con los despachos de cobranza, sino que delega esa facultad en las mismas instituciones financieras, lo que da lugar a la discrecionalidad.
De esa manera, refirió, los despachos pueden seguir con sus atropellos y la institución financiera a la que prestan sus servicios puede decidir si las sanciona o no por ello.
“Ni siquiera el llamado Código de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos puede parar la impunidad con la cual actúan cobradores abusivos”, dijo.
El representante del PRD mencionó que las principales formas en que se cometen esas arbitrariedades son el envío de cartas amenazantes, falsificación de órdenes de embargo y otros documentos judiciales.
También se da la usurpación de profesiones y funciones judiciales y la colocación de calcomanías con señalamientos de “defraudador” contra el deudor y embargos extrajudiciales.
Estas, continuó, “son algunas de las prácticas ilegales prohibidas en la pasada reforma financiera, pero que los despachos de cobranza siguen realizando en otra forma”.
Ernesto Sánchez dejó claro que la iniciativa que impulsa “pretende no dejar ningún hueco por el que sea posible seguir con ese tipo de abusos. La posible deuda no se niega, pero ello no implica que los deudores deban ser tratados con abuso, ilegalidad y discriminación”.
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