senadores-pri2Senadores de la fracción del PRI coincidieron en la necesidad de que el proceso electoral de este año se lleve a cabo con la mayor transparencia y sin desvío de recursos públicos en favor de candidato alguno.

Mediante un punto de acuerdo que presentaron durante la sesión de la Comisión Permanente, los legisladores priistas insistieron en que la Contraloría y las autoridades electorales capitalinas deben reportar las denuncias presentadas en contra de diversos delegados capitalinos.

Lo mismo acontece en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, añadieron, en donde a través de programas sociales se distribuyen apoyos diversos, pero con el compromiso de sufragar por candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron que se utilizan las demarcaciones para su promoción personal, y antes de concluir sus gestiones se separan de sus responsabilidades en busca de otros cargos de elección popular.

Con respecto al Distrito Federal expresaron que hasta el momento se han presentado 21 denuncias sobre probables actos de extorsión, abuso de autoridad, gasto excesivo en actos públicos, proselitismo electoral y desvío de recursos públicos.

En siete delegaciones, afirmaron, se han presentado irregularidades que afectan el proceso electoral, como personas asociadas al ex jefe delegacional y candidato a diputado en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, han ofrecido apoyos en efectivo y en especie a los vecinos de la demarcación, con el compromiso de votar en favor del PRD.

Casos similares se han identificado en Magdalena Contreras, en donde su jefa delegacional, Leticia Quezada, ofreció apoyos a cambio de votos; en tanto que en Coyoacán, el jefe delegacional Mauricio Toledo fue acusado de extorsión y abuso de autoridad.

Las acciones referidas, entre otras, han sido denunciadas por organizaciones sociales que participan como observadoras electorales y además acusan a los jefes delegacionales de omisión e impunidad, actitudes contrarias a un proceso igualitario y equitativo.

Por ello, los senadores indicaron que es imprescindible que las autoridades electorales refuercen las acciones de fiscalización de los recursos públicos, monitorear su uso y sancionar el beneficio de éstos en beneficio de algún candidato.