miguel angel rochaDerechos Humanos y la Función Pública
Miguel A. Rocha Valencia
Ahora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que no se desestimará ninguna línea de investigación en torno al caso de Tanhuato, Michoacán donde cayeron acribillados 42 civiles y un federal, habrá que preocuparse, sobre todo porque su titular, Luis Raúl González Pérez tiene antecedentes de no llegar a conclusiones creíbles y estar cuestionado en torno a su doctorado.
Esto es que la intervención de la CNDH a cargo de Luis Raúl González Pérez, no garantiza llegar a una conclusión efectiva, creible en torno a este como en otros casos, incluyendo las ejecuciones de Tlatlaya en el Estado de México o las desapariciones de Ayotzinapa, Guerrero, pero si podría servir para alargar los tiempos y “enfriar” los asuntos.
Así ocurrió en el asesinado de Luis Donaldo Colosio donde González Pérez fue el subprocurador especial para investigar el asunto y concluir en la teoría del asesino solitario con Mario Aburto Martínez y que nadie, ni siquiera los de casa, se lo creyeron.
Incluso sobre su persona hay algunos cuestionamientos como el doctorado que ostenta y que según el académico Enrique Carpizo Aguilar, sobrino del extinto ex rector y ex procurador general de la República, Jorge Carpizo, Raúl González Pérez, a la sazón abogado de la UNAM, le plagió un trabajo para alcanzar el grado de doctor en derecho.
Como consecuencia de tal denuncia, el sobrino de Carpizo McGregor fue objeto de persecuciones y violaciones dentro de la UNAM.
Pero además y a pesar de las expectativas levantadas en torno al actual titular de la CNDH, no se le ven resultados ni siquiera a nivel de estados donde se han violado flagrantemente las garantías humanas. Promesas, como las de cualquier político, pero esto no implica que se vayan a cumplir.
Ahora se enfrenta al caso de Tanhuato en torno al cual existen muchas dudas, tantas que incluso en el seno de la Comisión Permanente y a pesar de la oposición de los priistas, se planteó un punto de acuerdo para solicitar información por parte de la Procuraduría General de la República y las fuerzas armadas en torno a cómo ocurrieron los hechos.
Esto porque a decir de la senadora Mónica Arreola, existen serias discrepancias acerca de cómo ocurrieron los hechos donde fueron abatidos al menos 42 presuntos delincuentes y tres detenidos, aunque en su momento Monte Rubido, titular del Sistema Nacional de Seguridad, dijo al día siguiente de los hechos, que la cifra de difuntos podría aumentar.
La legisladora subraya el hecho de que no obstante que los presuntos delincuentes muertos tenían armamento “pesado”, casi todos murieron mientras que en el bando contrario, sólo uno pereció y no hubo heridos.
Y aunque el caso no se tienen antecedentes por el número de muertos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no acudió su presidente sino el Primer visitador, Ismael Eslava quien presuntamente inició diversas actas con declaraciones de “testigos” cuyos testimonios ponen en duda la versión de un enfrentamiento.
Para colmo Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal se apuró a desmentir versiones que hablan de “una ejecución como la de Tlatlaya en el Estado de México”. Es decir ya se reconoció “oficialmente” que los 15 muertos en esta última entidad si fueron ajusticiados aquél 30 de junio de 2014.
Del asunto Ayotzinapa con sus 43 desaparecidos “apenas” han pasado ocho meses y la inverosímil conclusión a que llegó la PGR de Jesús Murillo Karam con una incineración “profesional”, suena tan “real” como la del asesino solitario del caso Colosio a que llegó Raúl González Pérez.
Hasta pareciera que el actual presidente de la CNDH tiene la misma misión que el titular de la secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade: “investigar mucho”, retrasar los asuntos, diluirlos en el tiempo y al final, llegar a ¡Nada! y proteger a quienes se deba a pesar de la ley.