PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El viernes pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó una de las decisiones más importantes de su mandato: traicionarse a sí mismo.

Al momento en que asumió la determinación de suspender el proceso de ingreso, promoción y permanencia para los maestros en el sistema educativo básico y de educación media superior, el gobierno se colocó a sí mismo al borde del precipicio.

No se requiere de mucho para entender que una administración que enfrenta una terrible crisis de credibilidad, no requería de mucho para tambalearse ante la ciudadanía.

De esta manera, al derribar el pilar de sustento de la reforma educativa, el gobierno se abre las venas. Y lo que es mucho más serio, deja a todas las reformas estructurales en el peor de los mundos posibles.

Ante el embate de la CNTE y con la presión política que significan las elecciones intermedias, el gobierno optó por la negociación. El problema es que puso en la mesa de los pactos, el prestigio que le quedaba. Negoció su propio proyecto de gobierno y entregó el futuro de los mexicanos. Todo para poder celebrar la realización de los comicios y, por supuesto, mantener el control de las decisiones en el Congreso.

Al traicionar el proyecto que se presentó a los mexicanos como la más importante decisión de los tiempos modernos en el país, el presidente Enrique Peña Nieto mostró que para su administración, todo es negociable. Incluso las reformas estructurales que se prometió, le darían al país, el acceso a la modernidad que tanto se había retrasado.

En la primera parte de su gestión, Peña Nieto aceptó la presión del PAN para que se suspendieran todos los programas sociales, con motivo de las elecciones locales en quince entidades. Y el gobierno aceptó. La cruzada contra el hambre fue simplemente, paralizada. Lo que importaba

tenía que ver con los acuerdos políticos y el Pacto por México.

En ese entonces, las cosas parecían tener rumbo. Y la sociedad aguantó.

Ahora, con el enorme costo pagado por las reformas y con la violencia política y criminal desatada por todo el territorio nacional y con un gobierno ahogado en su falta de credibilidad y arrinconado por los conflictos de interés, se decide acabar con la más importante de las reformas, que es la educativa.

Al suspender de manera indefinida la evaluación de los maestros, el gobierno niega todo lo que nos afirmó desde 2013 y deja ver que es capaz de negociar cualquier cosa, con tal de mantener el control político y con ello, esperar que en el 2018 pueda imponer candidato y ganar las elecciones presidenciales.

Pero el problema es muy sencillo, por más que sea gravísimo.

Al negar todo lo que dijo y prometió al momento de iniciar la conquista por las reformas, y aceptar de manera implícita todas las críticas que se vertieron contra las citadas reformas, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado ver que es muy capaz de mentir.

Esto es, el gobierno ha dicho mentiras de manera deliberada. Ya sea al momento en que se lanzó por las reformas, ya sea ahora cuando decide traicionarse a sí mismo en el campo educativo.

Esta no es una decisión de un Secretario de Estado. Es una decisión de gobierno y sólo puede existir un responsable.

Así, la determinación de mentir, antes o después, o en ambos momentos, es tomada desde la Presidencia de la República. Y sí la mentira está a la vista, sólo nos falta saber la causa.

Por supuesto, las elecciones son parte fundamental. Pero ¿se tuvo miedo a la amenaza de violencia? ¿Se entendió que el gobierno no tenía la fuerza para controlar las amenazas? ¿Se reconoce que después de todo, la batalla política se había perdido ante los grupos de presión?

La mentira es muy seria. Pero las causas nos dejan ver la debilidad oficial. Y pocas cosas pueden ser tan graves para el país como esa.