norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

El presidente Enrique Peña Nieto está otra vez, enojado. Pero, de nueva cuenta, se molesta de manera equivocada. Y lo que es más serio, no parece haber entendido el problema que le provoca el nuevo enojo.

Durante una gira por el Estado de México, su entidad natal y a la que recurre siempre que enfrenta rechazos y necesita de “apapachos”, el presidente no quería responder preguntas sobre la reforma educativa y manifestó que sería la Secretaría de Educación Pública la que explicara cualquier duda sobre el tema.

Pero ante la interrogante de si el gobierno había claudicado, el enojo apareció en todo su esplendor. Y cortante cuando no agresivo, respondió de manera que nadie pudo tener duda: el presidente de la República está furioso por todas las críticas que se han lanzado sobre la determinación de colocar de manera indefinida, la evaluación de los maestros, en el terreno de la inexistencia.

El problema sin embargo, y le guste o no al titular del Ejecutivo, no es que existan críticas y molestias por la decisión oficial. El problema es que el gobierno violó la Constitución y colocó a cientos de miles de infantes en el peor de los mundos posibles, ya que será su educación la que sufra las consecuencias de la disposición oficial.

El enojo presidencial es fácil de entender. Basta con ver la crítica lanzada por José Narro, Rector de la UNAM, o por Mexicanos Primero, organización que se patentizó aliada del gobierno en la lucha por la reforma educativa, o el malestar en el INEE expresado por su titular, Silvia Irene Schmelkes del Valle, o la exigencia del Congreso por mantener la evaluación vigente.

Dicho de otra manera, el gobierno tomó una determinación que a nadie gustó, que nadie apoya y que todo mundo demanda sea anulada.

Vamos, ni siquiera la CNTE se mostró satisfecha con la medida oficial.

Por ello, el enojo del presidente de la República tiene sus razones. Pero la expresión del malestar se

deja sentir en el terreno equivocado y de la manera errónea.

Ahora, pase lo que pase, el presidente puede poner a la SEP a dar todas las explicaciones que se quiera. Y pueden presentarse todos los argumentos que se consideren suficientemente válidos como para justificar la medida.

En la práctica, el gobierno toma una decisión que viola la Constitución. Y ello, sin importar la razón que se argumente, no puede ser avalada por nadie. El gobierno está fincado en la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

El Ejecutivo puede enviar a la SEP al paredón si ello le parece bien. Pero no logrará con ello, dar justificación al daño que se ha hecho a sí mismo en lo particular y al país en lo general.

Se acepte o no, el gobierno demostró capacidad para mentir y decisión para negociar la ley. Y ello, sumado a la violación de la ley da como resultado el alejamiento del régimen para con la sociedad y para con la ley.

Y esto es lo que provoca el malestar.

Las cosas sin embargo, pueden ser aún más serias.

Sería por demás lamentable que el enojo no se finque tanto en las críticas, sino en el hecho de que se haya entendido la violación de la ley. Esto es, pudiera ser que al gobierno le molesta el que su error se haya entendido, cuando pudiera ser que el objetivo pudiera haber sido mantener todo fuera de la opinión pública mediante el viejo y ya gastado recurso del “sabadazo”.

El gobierno está enojado. Y de nueva cuenta el enojo se parece mucho al ya conocido “ya se que no aplauden”. Sólo que en esta ocasión, para lo que se querían los aplausos era nada más y nada menos, que para una violación a la Constitución.