Miguel A. Rocha Valencia
Ante la negativa de la SEP y Gobernación de reestablecer un diálogo de sordos con los “maestros” de la sección 22 del SNTE y que a sí mismos se denominan Coordinadora del Magisterio, todos esperan un revire furibundo de esos vividores de la educación que en número de 90 mil dañan el futuro de más de un millón de niños y adolescentes de Oaxaca.
A ello se suman, pero desde su propio territorio, los miembros de la CETEG, que en menor número tratando de mantener incendiado Guerrero y entorpeciendo la tarea educativa. Michoacán y Chiapas, también tienen sus brotes violentos de la coordinadora.
Empero y luego de todos los respaldos surgidos antes del proceso electoral a favor de que se aplique sin excepciones la reforma educativa, parece que la autoridad, ya sea en voz del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava o del titular de Educación Pública, el también mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, se mantiene firme en lo declarativo.
El problema será si como ya es costumbre empiezan a ceder no sólo en la aplicación de las evaluaciones o mover los períodos de las mismas, sino que contra la advertencia de Chuayffet, se entregan estímulos a quienes no merecen.
Si eso ocurriera y no se evaluara a los 295 docentes de educación básica y los 55 mil de media superior, la tal reforma tendría qué hacerse “solita” y arrojarse a la basura.
Porque no sólo se trata de evaluar a los que ya están y saber si están aptos y capacitados para el trabajo por el cual les pagan, sino si los 193 aspirantes a tener su evaluación de ingreso al magisterio cumplen con los mínimos requeridos para ocupar una de las plazas vacantes del sistema público escolarizado.
Aclaremos no se trata de todo el personal de la SEP sino exclusivamente maestros, aquí no entran los de “apoyo” a la educación como los administrativos y de servicios, cuyo ingreso a la nómina es diferente y de ahí se despachan libremente los dirigentes de las secciones correspondientes del SNTE como sería la 11.
Por eso da risa cuando las autoridades salen con un “no se equivoquen”, la evaluación magisterial sigue adelante y está en marcha. No, no es la sociedad la que se equivoca, por el contrario, no desea que quienes deben tomar las decisiones se echen para atrás y hasta violen la ley con sus negociaciones rinconeras, políticas, de conveniencia coyuntural.
Son ellos, los gobernantes quienes no deben equivocarse. Están obligados en primer lugar a cumplir y hacer cumplir la ley. Son ellos quienes dan “resbalones” mediáticos en busca de una justificación que les marca el marco legal.
Ojalá cumplan con el mismo racero con la responsabilidad de otorgar las poco más de 52 mil promociones de dirección, supervisión y asesoría técnica-pedagógica que están listas y que éstas, no se otorguen como premio de lealtad, sino de capacidad y constancia.
Es decir no se trata de quitar el negocio de las plazas a las secciones sindicales para centralizarlo sino simplemente, cumplir con las nuevas normas, terminar con la mediocridad y corrupción prevalecientes aún en diversos niveles del SNTE con todo y sus disidencias.


