La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, llamó a la sociedad a que mediante la denuncia y el establecimiento de una cultura de la legalidad se apliquen las acciones que impone el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de abatir ese problema.
En casos como la fuga de Joaquín Guzmán Loera, dijo, es evidente que la corrupción estuvo presente dañando con ello avances importantes en el combate a la delincuencia organizada.
Mencionó que el Senado de la República trabajará en el establecimiento de herramientas que fortalezcan la política criminal del país, así como la transformación del Sistema Penitenciario.
Al reiterar su apoyo a las acciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la procuradora general de la República, Arely Gómez, encaminadas a reaprehender a Guzmán Loera, manifestó que en la transformación de México ya no cabe la corrupción ni la impunidad.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estableció que la ciudadanía exige poner un alto a esos problemas que han sido y son la mayor causa de desigualdad y de exclusión en el país.
Señaló que en la LXIII Legislatura senadores y diputados tendremos que elaborar, discutir y aprobar por lo menos siete leyes secundarias que serán el andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, empezando por la Ley General en ese ámbito.
La construcción del andamiaje jurídico será el soporte del Sistema Nacional Anticorrupción, que se complementará con dos instrumentos pendientes de la reforma en materia de Transparencia que se podrían tener listos a corto plazo: las leyes federales de Transparencia y de Protección de Datos Personales.
Dio a conocer que los legisladores cuentan con un periodo de un año para abordar las primeras siete leyes anticorrupción, que son “La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Rendición de Cuentas”.
Además, la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Responsabilidades Administrativas ante faltas graves de servidores públicos, añadió la priista.
Sin dejar de lado, agregó, la incorporación de particulares involucrados en faltas graves relacionadas con actos de corrupción, así como las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Congreso General.
En esa tarea, abundó, es fundamental consultar a organismos especializados, académicos e investigadores antes de llegar a un dictamen final, así como intercambiar y revisar puntos de vista con la contraparte, que es el Ejecutivo federal, porque es un carril de dos vías.
Acerca del sistema penitenciario mexicano, consideró que tiene graves y grandes problemas en su funcionamiento y hay diversas prácticas de corrupción.
En ese sentido, destacó que se está trabajando desde hace poco más de un año en la Ley de Ejecución Penal, que se espera quede completada en el siguiente periodo de sesiones.
Con esa normativa, aseguró, se busca ser muy puntuales y atacar todos los puntos débiles del sistema para modernizarlo y eficientarlo.
Díaz Salazar subrayó que se tiene la oportunidad de generar un cambio cultural con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se encargará de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares.
A México le urgen servidores con vocación, que derivado del ejercicio de su cargo actúen en concordancia con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, puntualizó.

