Representantes del Congreso de la Unión destacaron la importancia de la iniciativa de legislación secundaria en materia de disciplina financiera, que regulará la manera en que estados y municipios solicitan, ejercen y garantizan los empréstitos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, dijo que esta iniciativa debe ser vista como parte del fortalecimiento al federalismo y no como una injerencia a las decisiones de las entidades, pues asegurar la responsabilidad hacendaria es parte del fortalecimiento del federalismo.
En el acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, el senador abundó que se debe establecer el compromiso de garantizar la soberanía para que los estados puedan conseguir mejores condiciones en sus empréstitos.
Dijo que limitar la contratación de deuda también significa transparencia, para lo cual se establecerá el registro único de deudas y contrataciones, que también evitará la corrupción.
Explicó que el debate legislativo en el que participó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo el propósito de garantizar la estabilidad hacendaria y de las finanzas públicas, así como mantener la condición ordenada de la economía de la Federación y de los estados y municipios.
En este contexto, reconoció al titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por la conducción de control en las finanzas públicas y la estabilidad hacendaria.
En ese contexto, agregó que “las crisis, los momentos complicados hay que transitarlos con orden, no con desorden, no con decisiones que puedan atender solamente a reclamos para satisfacer opiniones reclamantes».
En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, expresó que en los últimos tres años, se han registrado profundos cambios a la legislación, que redundarán en un México mejor para todos.
Dijo que la reforma constitucional en materia de disciplina financiera prevé evitar el “endeudamiento indiscriminado” en los distintos órdenes de gobierno, pues se ha hecho de esta práctica un ejercicio recurrente.
Alertó que las deudas estatales y municipales constituyen 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que rebasa rubros importantes como el de la educación, además de que heredan el endeudamiento a las administraciones siguientes, lo que compromete sus finanzas públicas.
Moreno Rivera agregó que las deudas locales han crecido de manera importante en los últimos años, y algunas de ellas alcanzan más de ciento por ciento de las participaciones federales, que repercute en menos obras y servicios en beneficio de los ciudadanos.
Consideró que la legislación establece una nueva etapa en la forma en que se manejan los recursos públicos, que incluye un principio de transparencia que obliga a los gobiernos a publicar su empréstito y las obligaciones de pago, al tiempo que permite a los gobernantes ser responsables al contratar deuda, respetando su autonomía.
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