PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La forma en que las autoridades en México hacen frente a los diferentes problemas de su gestión no siempre son efectivas para los ciudadanos. Pero invariablemente tienen como objetivo, el jugar a la imagen. Esto es, se busca parecer que ser.

Ejemplo de lo anterior serían los casos del gobierno de Miguel Mancera con el nuevo reglamento de tránsito, y el de Enrique Pea Nieto con su respuesta a la carta que le fue enviada por intelectuales, artistas, periodistas y defensores de derechos humanos para que defienda la libertad de expresión en nuestro país.

Miguel Angel Mancera enfrenta una dura caída en lo que a la aceptación ciudadana se refiere. Ha retrocedido mucho en comparación a su popularidad al momento de iniciar su mandato. Sabe que los cambios en su gabinete no dieron le resultado esperado. Y ahora, ante los muchos problemas en puerta, lo que hace es presentar un nuevo y moderno reglamento de tránsito en el que las multas se elevan se ataca al conductor particular y se habla de la defensa del peatón.

Y es muy posible que a idea de modernizar el reglamento de tránsito tenga sus fundamentos. Lo que no se tiene es la policía adecuada para una acción de esta naturaleza.

Mancera habla, como siempre en una medida d este tipo, de la necesidad de defender la seguridad de los ciudadanos, en este caso de los conductores. Así, maquillaje en el caso de las damas, celulares para todos y varios puntos más, serán motivo de infracción. Infracciones que aplicarán los mismos policías que en estos momentos, se dedican a la alegre tarea de buscar cualquier pretexto para extorsionar a los automovilistas.

El gobierno del Distrito Federal inventó la verificación vehicular y con ello creó una fuente de corrupción de grandes alcances. Dio vida al alcoholímetro con el argumento de cuidar la vida de los automovilistas y todos los que manejan saben lo que es tener que soportar a los nada educados oficiales al momento de “pasar” por el retén policiaco Y los resultados en accidentes no parecen ser todo lo que se prometió. Pero en corrupción la cosa es distinta.

Ahora, con el nuevo reglamento, es fácil adivinar lo que sucederá. Los policías capitalinos se lanzarán de lleno contra los automovilistas. Y todos los conductores quedarán sujetos a los dichos de la “autoridad”. No habrá protección alguna. La acusación bastará para fastidiar a quien tenga la desgracia de ser detenido por los policías de tránsito. Una nueva cacería y por supuesto, otra inagotable fuente de corrupción a expensas de los ciudadanos.

El señor Mancera quiere aplicar un moderno reglamento de tránsito con una policía que en el mejor de los casos, es impreparada para entender lo que es la modernidad en la ley.

En el caso del gobierno federal, las cosas son similares. No se entiende el problema y se responde con la imagen.

Algo más de 400 actores, periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos extranjeros, enviaron una carta al presidente solicitando la investigación y solución de los casos d periodistas asesinados en el país a lo largo del actual gobierno.

El caso Narvarte fue el detonante. Y claro está, las respuestas oficiales y la estrategia de comunicación del gobierno del Distrito Federal a base de “filtraciones” y manipulación de los datos de la investigación.

Y la respuesta oficial fue designar a Roberto Campa como encargado de atender al citado grupo de demandantes.

El problema es que el actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no parece ser la persona más confiable para una situación como esta.

Bastaría con recordar que el señor Campa fue candidato presidencial del PANAL en el 2006. Y que en el debate entre candidatos, utilizó documentos no públicos para atacar al entonces candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo.

Pasado el debate, Madrazo demandó a Campa por su acción. Hubo citatorios y demás. Y Campa simplemente los despreció, protegido por Elba Esther Gordillo, entonces aliada de Felipe Calderón, quien se encaminada al poder.

Así, ¿el gobierno federal utiliza a un político que violó la ley en un debate entre candidatos a la Presidencia de la República, para hablar de la defensa de los derechos humanos o de la legalidad tal o cual situación?

En ambos casos, se buscaron objetivos políticos. Y lo que se encontró fue una cruel realidad que, de nueva cuenta, marca la distancia entre las autoridades y la sociedad. Distancia por supuesto, que aumenta al paso de los días.