PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Para nadie es un secreto que la política de comunicación del presidente Enrique Peña Nieto es un absoluto fracaso. Simplemente no hay mensaje oficial de peso. Y pesar de los esfuerzos realizados, cada movimiento del ejecutivo federal es materialmente destrozado y puesto en duda en las implacables redes sociales.

Ante ello, se decidió, de una manera realmente torpe, lanzar una campaña oficial pero disfrazada, para demostrar que la vida del matrimonio Peña-Rivera marcha viento en popa, para poco después lanzar otra para poner en claro que el presidente sí es capaz de ponerse correctamente unas calcetas deportivas.

Todo esto, con la evidente intención de crear el marco adecuado para el momento en que la Secretaría de la Función Pública llegara a las conclusiones sobre la investigación de las casas de Malinalco y de manera especial, la de Las Lomas.

Por supuesto, la estrategia quería iniciar la reconquista de la confianza. Todo en el gobierno marcha bien y la corrupción no tiene nada que ver con sus integrantes.

Pero la realidad, la misma que a lo largo del sexenio ha destrozado la mayor parte de los sueños y discursos del gobierno, ha dejado ver que la verdad histórica del gobierno está lejos, muy lejos de tener un verdadero sustento.

Si lo que el gobierno buscaba era la recuperación de la confianza ciudadana, equivocó de lleno el camino. La estabilidad del matrimonio del presidente o la forma en que se pone los calcetines no dejan de ser eventos que en la práctica, a la ciudadanía le pueden ocupar, pero no preocupar realmente. Son causa de pláticas y chismes, pero nada más. Hay pérdida de respeto, pero una respuesta “oficial” no ayuda a la confianza.

En cambio, los sucesos de Tanhuato, en donde en mayo pasado se registró un duro enfrentamiento entre la policía federal y supuestos delincuentes, deja ver que los temas realmente importantes no son debidamente explicados y manejados por las autoridades.

Después de muchas especulaciones e informaciones contradictorias, lo que se tiene en la mano es que las autoridades se han negado a enfrentar la realidad. Quisieron ocultarla, desvirtuarla e ignorarla. Y ahora el problema podría convertirse en un verdadero escándalo. Otro más. Y también en el terreno de la justicia y los derechos humanos.

Si a final de cuentas, como muchos suponen que sucedió, se demuestra que buena parte de los delincuentes muertos en el rancho del Sol fueron ejecutados, dando lugar a una nueva matanza realizada esta ocasión por policías federales, la credibilidad y confianza del gobierno se vendrá por tierra. Y no habrá calcetas que puedan evitarlo.

Pero esto no es todo.

Las promesas de campaña, otra vez el tema, que se lanzaron para conquistar el voto, fueron siempre en torno al crecimiento económico por un lado, y a los resultados “en un año”, en el campo de la seguridad.

Como se sabe, en lo económico el país está en plena crisis y en lo que a seguridad se refiere, los resultados no aparecen por ningún lado-

Esta inexistencia de resultados nos ha llevado a crisis como la de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa o a la de Tlatlaya, en donde el ejército ejecutó a una veintena de supuestos delincuentes ante la cual las autoridades intentaron ocultar lo sucedido y engañar a la sociedad.

A todo lo anterior habrá que añadir que en poco más de una semana, el grupo de expertos internacionales de la CIDH que se encuentra en nuestro país y que investiga lo sucedido en Igual, rendirá su informe final sobre la desaparición de los normalistas.

Y nadie en su sano juicio podría pensar que las conclusiones serán favorables al gobierno.

Así, la estrategia de comunicación del gobierno federal hará frente a un nuevo fracaso que por fuerza, deberá sumarse a todos los que en tres años ha registrado.

Con el agravante de que lo que se quería presentar como el primer paso hacia la recuperación de la confianza, se habrá convertido en un salto hacía una nueva caída en la aceptación oficial.

Especialmente si Tanhuato es lo que parece haber sido y si los expertos de la CIDH ratifican y amplían sus muchas dudas y rechazo a la verdad histórica con la que el gobierno quiso resolver o sucedido en Iguala.