camaraEl senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para que cada año el presidente de la República acuda al Congreso a rendir un informe por escrito del estado que guarda la administración pública.

La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República prevé regresar al marco legal anterior, donde cada 1 de septiembre el Ejecutivo federal en turno debía presentar ante el pleno del Congreso de la Unión su informe de gobierno.

Plantea además cambios a los artículos 69, 108 y 110, donde se establece que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Poder Legislativo, el mandatario haría uso de la palabra y debería escuchar y responder las preguntas que hicieran integrantes de cada grupo legislativo e independientes.

También propone que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República no sólo pueda ser juzgado por traición a la patria y delitos graves, sino también por violaciones a derechos humanos y cohecho, además de plantear que sea sujeto de juicio político.

Por su parte el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Nery, presentó una iniciativa de ley para modificar el formato de la ceremonia de la entrega del Informe de Gobierno.

De acuerdo con la propuesta, el titular del Ejecutivo federal tendría que acudir al Congreso de la Unión a dar un mensaje político y entregar por escrito el documento.

Además de que podría presentarse a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal, a exponer lo fundamental de su informe e intercambiar opiniones con la representación nacional.

Posterior a este acto, iniciaría la glosa y el análisis del informe conforme a los artículos 69 y 93 de la Constitución.

La propuesta que reforma el Artículo 69 de la Constitución, se hizo tomando en cuenta que el formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas de quien detenta el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, precisó.

Sin embargo, dijo, desde la reforma de 2008 el funcionario de mayor rango del gabinete es el que se presenta en el Palacio Legislativo a entregar el Informe de Gobierno.

Argumentó que la figura del Presidente de la República en México, concentra en su investidura dos calidades, la de jefe de Estado por un lado, y la de jefe del Gobierno y titular de la Administración Pública Federal, por el otro.

El líder parlamentario del PRD hizo notar que en la modificación de 2008 se le restó solemnidad al informe, pero también importancia a un acto en el que el presidente comunica a la sociedad los resultados obtenidos a raíz de la toma de decisiones.

“Con la reforma de 2008 se demostró la mala relación entre dos Poderes de la Unión, donde los contrapesos no existían y el presidente lucía incapaz de entablar un diálogo cortés pero fructifico tanto con los diputados como con los senadores”, apuntó.

Sin embargo, abundó Martínez Nery, la pluralidad política llegó para quedarse y ahora necesitamos que el diálogo entre poderes sea horizontal, respetuoso, pero veraz, firme y cotidiano.

Por ello, sostuvo que con esta iniciativa lo que se pretende es enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración federal.

Consideró que el informe por escrito es un documento en el que se plasman datos que denotan los resultados de las decisiones presidenciales.

Sin embargo, “no debería ser excluyente del discurso que el presidente, de cara a los ciudadanos, debe pronunciar en un acto de responsabilidad tanto de él como cabeza de Estado como de los legisladores, representantes del pueblo”.

El legislador estableció que el Congreso mexicano debe evolucionar cada vez más, a fin de configurarse como uno de los Poderes esenciales de un sistema presidencial, con características e instrumentos parlamentarios, en donde exista el diálogo entre poderes.

La rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos del Ejecutivo, deben fortalecerse, enfatizó.