PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Se esperaba el golpe, pero aún así, el efecto es demoledor. La verdad oficial sobre lo sucedido en Iguala hace casi un año se ha desmoronado con extraordinaria facilidad. Y el déficit del gobierno federal en materia de credibilidad se eleva de manera alarmante.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto a las autoridades federales en contra de la pared. La “verdad histórica” simplemente no tiene asidero. Incluso, parecería que hay más mentiras que hechos.

Los expertos que investigaron los hechos de septiembre del año pasado, concluyeron que en los sucesos los estudiantes de la norma de Ayotzinapa fueron atacados en nueve diferentes puntos. Que en el basurero de Cocula no fueron cremados los cuerpos. Que los ataques en contra de los normalistas fueron realizados por policías de dos diferentes municipalidades. Que el operativo fue conducido por un mando desconocido y que en los hechos existió una seria pasividad de parte de policías federales y de militares destacados en la zona. Y que existen sospechas de que todo se originó en una confusión derivada del tráfico de drogas.

Con estas conclusiones, el resultado va mucho más allá de los límites que la PGR intentó marcar al momento de presentar su “verdad histórica”. Y es en este punto en donde todo lo dicho parece más destinado a desviar la atención de lo realmente sucedido que a aclarar el evento en su totalidad.

De acuerdo con el trabajo de los expertos internacionales, existe la posibilidad de que en uno de los camiones que los estudiantes tomaron para sus traslados, existía una indeterminada cantidad de drogas. Así, los bandos en pugna en la zona, llegaron a la suposición de que el rival, intentaba un robo. Y de ahí, todo lo demás se deriva.

Este punto bastaría para poner en claro que la autoridad federal no realizó un trabajo serio. Y que en todo esto, lo que no se investigó, a pesar de que apareció desde el inicio, fue la relación de la política, la justicia y el narcotráfico.

Ahora, un año más tarde y con los resultados oficiales totalmente deslegitimados, la problemática no sólo es la misma, sino que adquiere una tonalidad mucho más seria, ya que parecería que siempre se tuvo la intención de no llegar al fondo del problema.

Nadie puede pensar en la inocencia de los detenidos hasta el momento. Menos aún en la pareja formada por los Abarca. Lo que salta a la vista es que estos parecen ser sólo la parte en la que se quiere recargar la “solución”, en espera de que todo lo demás lo resuelva el tiempo.

Es más que sencillo imaginar si en esta investigación no se hubiera contado con la presencia de los expertos internacionales, en estos momentos el gobierno simplemente mantendría su “verdad histórica” como válida, sin ir más allá en momento alguno.

Ahora, la situación es diferente. Los expertos demandan primero, se les conceda más tiempo para terminar su trabajo y después, que el gobierno modifique sus líneas de investigación y cambie las hipótesis del caso.

Esto, en otras palabras, lo que dice que el gobierno no ha hecho su trabajo de manera adecuada. Y que ello puede simplemente, ser la causa de que el caso no se aclare.

Y el otro punto, guste o no, es el determinar las razones por las cuales no se ha investigado a fondo, el papel que jugaron en todo esto, la policía federal y el ejército.

Si de acuerdo a los expertos, militares y policías monitorearon a los normalistas desde que salieron de Ayotozinapa y fueron alertados de los ataques, ¿qué fue lo que les impidió a tomar cartas en contra de la violencia?

La postura final de los expertos internacionales se esperaba. En realidad, es la misma posición que han presentado a lo largo de su trabajo.

Pro en estos momentos, los ingredientes nuevos radican en que, de manera definitiva se niega la posibilidad de que los jóvenes pudieron haber sido cremados en el basurero de Cocula, se integra la sospecha del tráfico de drogar en la zona en el que se utilizan los camiones de transporte público y que tanto militares como federales no hicieron nada para controlar los hechos.

Estos elementos, sumados, dan vida a un panorama muy diferente a la “verdad histórica”. Y obligan a preguntarnos qué lo que en realidad, se quería ocultar, a costa de la vida de los alumnos y del daño a todos los que de una u otra forma, resultaron víctimas de un hecho que tanto le ha costado al país que arrastró al gobierno a la pérdida de buena parte de su credibilidad.