PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Ante el dictamen de los expertos internacionales sobre lo sucedido en Iguala hace un año, el gobierno decidió realizar nuevos peritajes sobre la posible creación. Pero ello no parece ser suficiente, sin importar lo que el trabajo de los forenses pueda determinar.

El documento presentado por los expertos de la CIDH obliga a muchas cosas más. La cremación, real o no, es apenas parte del problema planteado por los expertos. Y un peritaje, sin importar lo que diga, no resolverá el problema de fondo que no es otro que el determinar el origen de toda la tragedia.

Según se desprende del dictamen de los expertos, todos los dichos por la autoridad mexicana no son confiables en el mejor de los casos. El supuesto boicot a un acto de la esposa del entonces alcalde de Iguala no tiene sustento. La pertenencia a grupos delincuenciales carece de pruebas.

En cambio, aparece la figura del narcotráfico como eje de todo el evento. Pero coloca a los estudiantes como víctimas y no como responsables. Esto se deriva de la aparición de un quinto autobús del que las autoridades nunca dijeron nada y en el cual podrían haberse encontrado cantidades de droga suficientes como para desatar una cacería de los estudiantes en la que tomaron parte por acción o por omisión, lo mismo policías municipales, ministeriales, federales y militares.

Así las cosas, la desaparición y muerte de los normalistas sería una tragedia, pero provocada no por un activismo político, sino por la corrupción generada por el tráfico de drogas que, queda claro, en esa parte del estado de Guerrero, aparecería como muy importante.

Los expertos dicen que la base para la cocaína sería al parecer, transportada al Distrito Federal para más adelante, hacerla llegar a los Estados Unidos. Es por demás sencillo adivinar las cantidades de dinero que se ponen en juego en toda esta cadena de “producción-consumo”, mismas que serían el motivo de la violencia aplicada en contra de los normalistas.

Pero todo este escenario dejaría muy atrás el hecho de la posible cremación. Lo más seguro es que los jóvenes están muertos. Y que la causa de su muerte haya sido el tema del narcotráfico. Así. El nuevo peritaje será insuficiente para determinar las causas del evento. Puede explicar o no, si fueron cremados en Cocula. Pero quedará pendiente todo el tema de la producción y traslado de la droga. Esto es, toda la cadena de “trabajo” del narcotráfico que por lo visto, es quien determina la vida en esta zona del país.

Y aquí aparece entonces, el nuevo capítulo del problema. En sus partes relacionadas con la justicia y la investigación y la política y sus ligas con el tráfico de drogas.

Mucho más allá de un nuevo dictamen sobre lo que pudo suceder en el basurero de Cocula, hay que saber qué es lo que sucedió en el “basurero” legal y político de Iguala. Y esto es algo que no se ha querido tocar desde el inicio del problema hace un año.

Resulta inadmisible la idea de que se puede montar toda una estructura para producir y distribuir droga que habrá de ser transportada por buena parte del país, sin que autoridad alguna note lo que sucede.

Autoridades locales y estatales, lo mismo que las federales, tendrían mucho que explicar al respecto.

Y entre esas explicaciones, se tendría que aclarar qué es lo que se trabaja al momento del combate a la delincuencia organizada, ya que no es entendible una cadena como la que se requiere para producir droga en Guerrero y hacerla llegar a Estados Unidos, sin que nadie en el aparto del gobierno destinado a detener este tipo de situaciones, haya jamás, visto nada. Y si se toma en cuenta que es evidente que los sucesos de Iguala en nada modificaron la situación, entonces tenemos a la vista el poder de los narcotraficantes, y el debilitamiento del estado.

Del mismo modo, hay que analizar el tema de los partidos políticos, los políticos y por supuesto, los hombres que desde la trinchera económica, complementan esta cada de corrupción que por lo visto, se combate más a base de discursos que de realidades.

Los expertos de la CIDH no sólo derribaron la “verdad histórica” con la que el gobierno intentó dar por terminado el caso Iguala, sino que dieron el primero paso para obligar al gobierno, de una vez por todas, a responsabilizarse por la falta de resultados en uno de los puntos más sensibles para la sociedad, como es el de la seguridad.

No se requiere de un nuevo peritaje sobre una posible creación. Se requiere de una totalmente nueva investigación en la que se aclare lo sucedido con los normalistas, pero también en la que se señale con toda precisión, quiénes ordenaron el operativo en su contra, quiénes ordenaron a federales y militares mantenerse al margen de la violencia y quienes montaron el escenario en el basurero de Cocula si se confirma que la creación como se dijo que sucedió habría sido imposible. Este montaje incluiría la aparición de los restos de uno de los jóvenes, lo que implicaría que hay quien sabe bien qué y cómo sucedió y que hasta el momento, nadie ha hecho nada por descubrirlo.

Iguala es ya, una bomba de tiempo para el gobierno. Y de estallar, puede dinamitar los pocos puentes que el gobierno mantiene con la sociedad. Posibilidad que tendría que obligar a muchas cosas. Muchas más que un nuevo peritaje en Eun basurero.