encinas 21 9Senadores de la República y especialistas aseguraron que la defensa de la madre tierra y la protección del ambiente y los recursos naturales deben ser una prioridad de los gobiernos y ciudadanos de los países de América Latina y del mundo.

El senador Alejandro Encinas explicó el proyecto de la organización Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que pone en el centro de atención los derechos de la madre tierra, traducidos como la justicia ambiental, y plantea medidas específicas para atacar los problemas de fondo que dañan el medio ambiente.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, aseveró que la tipificación del ecocidio es uno de los temas centrales que se han postergado en el marco legislativo del país.

Durante la Jornada Internacional por los Derechos de la Tierra, consideró importante la tipificación de los delitos ambientales, la creación de órganos de procuración e impartición de justicia en la materia y el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios y la sociedad.

Encinas Rodríguez coincidió en el planteamiento de la organización citada y el proyecto mundial Hijos de la Madre Tierra, en el sentido de que deben impulsarse tareas de educación y comunicación por un desarrollo sustentable y una ciudadanía verde.

La defensa de la tierra es una tarea no sólo del Estado mexicano sino de la sociedad misma, destacó el perredista en la sede del Senado de la República.

México cuenta con la Ley General de Cambio Climático y es el segundo país en el mundo en establecer una norma de esa naturaleza, con metas y objetivos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque advirtió que muchas de las metas se han querido posponer.

La senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, subrayó que a pesar de que México tiene su propia ley en la materia, necesita pasar del papel a la acción, para difundir información sobre el cuidado de los recursos naturales.

Advirtió que en materia de justicia ambiental, México enfrenta serias dificultades tanto institucionales, económicas como jurídicas, por lo que expresó su adhesión a la idea de crear la Corte Interamericana de los Derechos de la Madre Tierra.

Debemos entender que la tierra es un ser vivo, por lo que es indispensable cuidar el ambiente si se quieren evitar resultados catastróficos, pues sólo nos acordamos del cambio climático cuando se acerca la Conferencia de las Partes (COP) para estar en el reflector, afirmó la panista.

Tras recordar que en diciembre se celebrará en Francia la COP 21, advirtió que también es indispensable que los ciudadanos exijan a los gobernantes cambiar el modelo de crecimiento y dejar de depender de los hidrocarburos, del carbono e impulsar las energías renovables.

William Soto Santiago, presidente de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, sostuvo que los parlamentarios tienen en sus manos la posibilidad de crear el marco legislativo que demande el reconocimiento de la madre tierra como ser vivo, para que sea titular de derechos reconocidos y respetados por todos, y un compromiso de los Estados para su implementación en sus respectivos países.

Precisó que en el marco de este proyecto, promueven ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el estudio, tipificación, prevención y sanción del delito de ecocidio en las legislaciones nacionales, y que en el Estatuto de Roma se incluya el ecocidio como quinto delito, competencia de la Corte Penal Internacional.

El ecocidio debe entenderse como deterioro total o parcial de uno o varios de los ecosistemas; la caza y pesca indiscriminada que provoque o amenace la extinción de cualquier especie animal; la explotación más allá del uso racional del uso de los suelos; la contaminación del agua o aire, y daño grave que se cause al medio ambiente y que ponga en peligro a cualquier forma de vida.

Gustavo López Mendoza, gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el Distrito Federal, invitó a esa organización a que a través de su proyecto Hijos de la Madre Tierra establezcan vínculos y sinergias con los programas de esta dependencia.

José Nelson Montoya, director del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, solicitó al Senado que se incluya la Agroecología en su agenda para generar políticas públicas, no sólo para el cambio climático sino también para la soberanía alimentaria.

Francisco Javier Guerra González, coordinador nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México, consideró que los países de América Latina pueden establecer un acuerdo regional para tipificar el delito de ecocidio.

Además, dijo, también es posible que en la región se pueda crear la corte regional para defensa de los derechos de la madre tierra que se encargue de castigar esos delitos.