PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La incapacidad del gobierno para entender los retos a que se enfrenta y la lentitud de sus movimientos para recomponer su imagen son ya patéticos. Y el tema del nuevo avión presidencial podría ser uno de los ejemplos más acabados de esta situación.

Desde que en el 2011 el entonces presidente Felipe Calderón se lanzó a la compra de un nuevo avión para el transporte del Ejecutivo Federal, las críticas no se hicieron esperar. Pero en ese momento, el país tenía ingresos y a pesar de las señales en el horizonte, pocos llegaron a pensar que el mundo financiera llegaría a los niveles que hoy enfrenta.

De esta manera, en el cambio de gobierno y de partido en el poder, la idea de los grandes avances se impuso a todo lo demás. El Pacto por México había desatado toda clase de elogios desde el extranjero. El gobierno de Enrique Peña Nieto marchaba a toda máquina y nada hacía pensar en tropiezos de ninguna naturaleza.

Sin embargo, apareció Tlatlaya y a pesar del burdo y aún no aclarado encubrimiento por parte del gobierno del Estado de México, el problema de las ejecuciones por parte del ejército estalló en las manos de la administración peñista.

Siguieron los casos de Iguala y de la Casa Blanca. Y el gobierno federal quedó atrapado en una maraña de corrupción, incapacidad y mentiras que acabó con la imagen oficial. Los elogios internacionales se convirtieron en severos cuestionamientos y en pérdida de prestigio.

El tema de los derechos humanos pasó a ser un frente de batalla en el que el gobierno perdía terreno día con día. Y para colmo, aparecieron las señales de la crisis financiera. El precio del petróleo se desmoronó y el choque del gobierno con el sector privado se agudizó. La tormenta rebasaba las medidas de seguridad. Y la necesidad del presupuesto cero, que se había planteado para el 2013, ahora se convirtió en urgencia.

Medidas de austeridad en prácticamente todos los niveles. Recortes que aún no queda claro hasta dónde llegarán. Abandono de programas y promesas de gastar menos y de hacerlo mejor se lanzaron para llenar los espacios políticos. La crisis que durará por lo menos, hasta que se inicie la nueva administración federal.

En este marco, la compra del nuevo avión presidencial se convierte en un problema más para un gobierno torpe, sin respuesta y extraordinariamente soberbio. Incapaz de escuchar las quejas y reclamos de la sociedad, el gobierno dejó que el tema lo arrollara. Y ahora analiza si debe o no vender el aparato que, por cierto, es una nave lujosa y útil que muchos en buena parte del planeta, podrían envidiar.

Pero el problema ya no es de venta o de mantener la compra. Ese nivel quedó superado hace mucho sin que nadie en el gobierno lo entendiera. El punto ahora es quizá más sencillo, pero mucho más sencillo:

si el avión se vende, el gobierno habrá actuado bajo presión. Y si por el contrario, se decide mantener la compra, el gobierno habrá mostrado, de nueva cuenta, soberbia.

Atrapado en su de sobra conocida incapacidad para reaccionar a tiempo y con firmeza, el gobierno no entendió el reto que le plantaba la compra del avión.

¿El gobierno necesita seguridad en el transporte? Por supuesto, tanto como cualquiera que utilice el transporte aéreo. El problema es el lujo.

Ahora, además del costo del avión, tenemos la remodelación del Hangar Presidencial con costos importantes y para colmo, con contratos a la constructora Teya, que pertenece a Higa, la misma de las casas y del ferrocarril.

El gobierno quedó atrapado en su lentitud e incapacidad. Si vende, aparecerá más débil de lo que ya se le considera. Si no lo hace, subirá un escalón más en el campo dela soberbia. Y siempre, como parte de esa terrible incapacidad que ha demostrado en el terreno de la comunicación.

El avión tiene un costo de superior a los 6 mil millones de pesos, pagaderos en “abonos”. Por más que es una cantidad importante, no se trata de algo que pueda en realidad, sacudir las finanzas nacionales.

Pero como la indiferencia a las críticas fue la constante, hoy esa cantidad aparece como ofensiva ante la sociedad. Y el gobierno no sabe qué hacer. Y lo que decida, sin importar qué sea, tendrá un costo político. Costo que cada vez resulta más difícil de liquidar, dado que el capital del gobierno se encuentra prácticamente agotado.