PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno federal ahora con la Procuraduría General de la República, está decidido a dinamitar el poco nivel de credibilidad que le resta ante la sociedad.

No contento con el terrible desgaste que la investigación sobre los sucesos de Iguala le ha significado, indiferente a los costos que le ha impuesto el caso Tlatlaya y lejos de entender el impacto negativo que ha tenido en su aceptación popular por casos como el de las casas y sus innegables ligas con constructoras favorecidas con importantes contratos, el gobierno federal ha decidido mantener su estrategia de acabar con quienes se atreven a cuestionar sus acciones y osan denunciar sus actos de corrupción.

El caso de la empresa Infraiber llegó a nuevos niveles, ahora con la “aparición” en un cateo en las instalaciones de la citada compañía, de equipo que supuestamente sirve para intervenir llamadas privadas. Y la PGR presume el hecho como si se tratara de un gran éxito de investigación, cuando en realidad lo que se teme es que se trate de un nuevo episodio de “siembra” de pruebas para sancionar a un rival en el terreno de los negocios.

Todo mundo sabe que Infraiber pelea con OHL y las autoridades del Estado de México, por la cancelación de un contrato en las obras viales en la entidad. Obras que de acuerdo con Infraiber, están plagadas de irregularidades para favorecer a la empresa española, que ha gozado de grandes contratos en el vecino estado, desde que Enrique Peña Nieto encabezaba el gobierno local. Trato que se incrementó hora con ligas en el gobierno federal.

Ante la firmeza de Infraiber y con la aparición de grabaciones en las que queda claro el nexo de la empresa con autoridades locales y federales, se inició una investigación pero en contra de quienes han denunciado la corrupción.

Esta investigación alcanzó un punto clave el pasado día 7 del presente, cuando elementos de la PGR detuvieron en la vía pública, al abogado de Infraiber, Paulo Díaz Gargari, a quien los agentes le “sembraron” una pistola para acusarle de posesión ilegal de arma y además, de portación de arma de uso exclusivo del ejército.

Capturados en flagrancia por un video de una cámara de seguridad, la PGR dijo que investigaría el caso, sin que hasta el momento no se tenga noticia de si algo ha sucedido con los agentes. Los expertos dicen que tendrían que estar consignados por diversos delitos y que a ello tendría que sumarse la investigación sobre quienes dieron las órdenes para tal operativo.

Pero nada de ello ha sucedido.

En cabio, la PGR mostró celeridad ante la denuncia de OHL sobre espionaje realizada supuestamente, por Infraiber.

En cuestión de horas, se atendió esa denuncia. Y del mismo modo, con velocidad singular, se ordenaron cateos y detenciones.

Pero el problema es simple.

Los agentes de la PGR son culpables. Y no hay forma de negarlo. Y a Procuraduría se ha mostrado lenta y parcial en este punto. Tolera la violación abierta de la ley por sus propios elementos. Acepta la fabricación de pruebas y por lo tanto de culpables. Y ante las denuncias que ello provoca y el malestar social que causa, se guarda silencio. Así, la justicia se aplica a modo y para favorecer a socios y amigos. O para atacar a quienes denuncian la corrupción. O para ambas cosas.

La pregunta entonces, ante la “aparición” del equipo supuestamente dedicado al espionaje en las oficinas de Infraiber, es muy simple: ¿cuál es la garantía de que ese equipo no fue sembrado del mismo modo que se sembró una pistola a un abogado?

Si a estas alturas nada se ha aclarado sobre la violación de la ley por parte de los agentes de la PGR, ¿qué es lo que permite suponer que la investigación sobre Infraiber no responde a intereses políticos? Además, ¿hay o no una investigación sobre OHL y los funcionarios públicos ligados a sus contratos, y quienes aparecen en las grabaciones que tanto han molestado en el gobierno?

La verdad es que, guste o no, el gobierno se ha mostrado, de nueva cuenta, decidido a destruir el poco niel de credibilidad que le resta ante la sociedad.

Hay quien manda a policías judiciales federales a cometer varios delitos. Y hay quien les brinda impunidad absoluta. Y ese quien lo que en realidad hace, es pulverizar el discurso presidencial en torno al combate a la impunidad.

Además de que, por supuesto, nos muestra la decisión oficial de proteger a los socios y a los amigos a toda costa.