PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno federal decidió extraditar a un buen número de reconocidos delincuentes a los Estados Unidos, en lo que. Sin lugar a dudas, es un notable cambio de posiciones y estrategias de la administración de Enrique Peña Nieto.

No es para nada complicado recordar como, hace apenas unos meses, la Procuraduría General de la República rechazaba la solicitud de extradición que Estados Unidos había presentado para que se les entregara a Joaquín Guzmán Loaera, “El Chapo”.

En enero pasado, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, enfatizó que no existía la menor intención del gobierno mexicano para cumplir semejante demanda. Debe cumplir con su sentencia en México y cuando lo haga, entonces “lo entrego”.

En esa misma ocasión, el procurador Murillo Karam dijo que para que existiera una extradición, tendrían que existir condiciones se seguridad o de posibilidades de fuga que ameritaran la entrega de un reo a Estados Unidos.

Como es de todos conocido, “El Chapo” se fugó y provocó con ello una verdadera crisis en todo el sistema de seguridad en México. Se ha detenido a un buen número de funcionarios menores, pero ello no ha resuelto el problema de fondo que no es otro que el de la corrupción y la incapacidad.

De esta manera, lo que en enero se utilizaba como bandera para acreditar la fortaleza del gobierno y su intención de no ceder ante el gobierno de los Estados Unidos, es ahora una necesidad imperiosa para buscar mucho de lo que se ha perdido en la relación bilateral.

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició su período con la clara intención de modificar radicalmente la relación con Washington. Y el primer paso fue el de poner límite a la participación estadounidense en la lucha contra el narcotráfico en México.

En aquellos momentos, se dejó claro que para Estados Unidos existiría una sola ventanilla para resolver el tema del combate a la delincuencia organizada. Y esa ventanilla sería la Secretaría de Gobernación.

Esto por supuesto, provocó malestar allende la frontera. Y el distanciamiento con el gobierno de Barack Obama fue algo más que evidente. Y los choques se convirtieron en una constante.

En el tema de la seguridad, la fuga de Guzmán Loaera causó algo más que malestar en el gobierno estadounidense. Habían lanzado alertas sobre la posibilidad de la fuga. Y habían repetido la solicitud de extradición, la cual obviament,se quedó en el aire.

La fuga llevó al gobierno mexicano a un ridículo internacional de proporciones gigantescas. Y la presión de Washington se dejó sentir de muchas maneras.

Cambios en el gabinete. Ajustes en el sector sin llegar realmente al fondo del problema. Y fundamentalmente, cambios de actitud para con la Casa Blanca.

De pronto, hace unos días, apareció el tema de acuerdo Transpacífico. Y las palabras de Obama sobre México y su papel en ese tema. El mensaje fue claro. Estados Unidos aceptaba el arrepentimiento del gobierno mexicano y lo invitaba a formar parte de sus acuerdos en su zona de influencia.

Y la respuesta mexicana es la extradición. Jorge Eduardo Castillo, “El Coss” y Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie” encabezan una lista de trece delincuentes envidos a Estados Unidos. Todos con años en prisión en México. No son “El Chapo”, pero juntos pueden mostrar la decisión del gobierno de Peña Nieto por cambiar todo lo dicho y hecho en estos últimos tres años.

Ya no se habla de razones de posibles fugas. ¿O fue eso lo que llevó a la extradición? Ya no se mencionan temas de seguridad que puedan ser alterados y que obliguen a extraditar reos ¿O fue esa la causa de la extradición de 13 peligrosos delincuentes?

No se habla más que de cumplir con solicitudes hechas. Ya no hay argumentos de soberanía. Ni de necesidad de que los delincuentes cumplan primero, sus condenas en México, antes de ser entregados.

Trece extradiciones en un solo paquete. Y todo para que em Estados Unidos, como ya sucedió presenten elogios y simpatía para con el gobierno.

De enero a la fecha cambiaron posiciones, discursos y evidentemente necesidades. La debilidad siempre requiere de más en menos tiempo.

Y la debilidad es obvia en el gobierno mexicano.