PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El exgobernador de Oaxaca, José Murat, buscó crear la plataforma adecuada para que su hijo Alejandro se convirtiera en candidato y luego en gobernador de Oaxaca. No reparó en triquiñuelas. Modificó vía sus incondicionales, la ley estatal. Avasalló a las oposiciones y creyó que podría revitalizar el cacicazgo que desarrolla en el estado, ahora a través de su vástago que fungiría como gobernador de papel.

Sin embargo, no calculó las condiciones de manera adecuada. No pensó en que las oposiciones, dentro y fuera del priísmo, dejarían sentir su malestar por sus acciones. Pensó que tenía vía libre para retomar el poder en Oaxaca y, de nueva cuenta, imponer su voluntad a propios y extraños en el estado.

Con la idea de que el gobierno de Enrique Peña “le debía” buena parte de la consolidación del Pacto por México, Murat puso en marcha las decisiones políticas que requería para imponer a su hijo Alejandro como candidato. Después de todo, presumía además, que Luis Videgaray tenía compromisos muy sólidos con él. No habría nada que le detuviera en su retorno al poder, ahora como la fuerza detrás del trono.

Así, cambió la constitución local para salvar el escollo que detenía a su hijo. La residencia obligatoria pasó de cinco a tres años. No había ya nada que detuviera la carrera hacia el control total de Oaxaca.

Pero las oposiciones, priístas entre ellas, se lanzaron a la lucha política. Y llevaron a la Suprema Corte su contienda. Acreditaron que las modificaciones no cumplían con el procedimiento obligado en estos casos. Y demostraron que los diputados que aprobaron las reformas, habían realizado un proceso “viciado y desaseado”.

De un solo golpe, las ambiciones de la familia Murat, la misma que ha sido exhibida vía las lujosas viviendas en Estados Unidos, quedaron quebradas. Ahora, guste o no, está acreditado que Alejandro Murat no reúne los requisitos político legales para aspirar a la candidatura. Está demostrado que su padre, José, aspira a retomar el poder en Oaxaca para consolidar su cacicazgo y tal vez, adquirir nuevas propiedades en el extranjero.

Pero lo importante del fallo de la Corte, tomado por unanimidad, no radica solo en el hecho de que se ha derribado un procedimiento político sucio con el que se buscó acceder al poder. La parte fundamental en todo esto se encuentra en la necesidad de poner un alto de una buena vez y para siempre, a la ambición desmedida de los políticos que suponen que tienen derecho a conquistar el poder por las vías que ellos consideren adecuadas.

Dicho de otra manera, si la Corte falla en un caso como este, dejando ver que todo el proceso legislativo estuvo manipulado y abiertamente viciado ¿no sería bueno que en todos los frentes políticos y administrativos, se tomaran cartas en el asunto?

Es evidente que hablar de delitos resultaría complicado. Pero ¿qué pasaría si el gobierno asumiera un papel real en el combate a la corrupción y ante los hechos, decidiera retirar del INFONAVIT a Alejandor Murat, quien estaba destinado a ser el beneficiario de un proceso “viciado y desaseado”, de acuerdo a la Suprema Corte?

¿Sería saludable o no, que de una buena vez por todas, el PRI mostrara su rechazo a este tipo de acciones y sin mayor trámite, pusiera en claro que quien buscó por la ruta de violentar el marco legal para sacar ventaja político personal, no tiene ni tendrá posibilidad alguna de alcanzar un candidatura para ningún cargo de elección popular?

Lo sucedido en Oaxaca pone de manifiesto la convicción patrimonialista del poder con la que bien os políticos. No hay duda sobre su ambición o sobre su voluntad para hacer cualquier cosa, con tal de llegar a la meta deseada.

Ante ello, ¿el gobernó de Enrique Peña Nieto está de acuerdo que un político de la talla de José Murat presuma su relación con Los Pinos y argumente que ante los favores realizados, se “le debe” la candidatura al gobierno de Oaxaca en favor de su hijo”.

El combate a la corrupción no es ni puede ser, la lucha exclusiva contra el uso indebido del dinero. La corrupción política es quizá más importante y mucho más dañina, por más que la financiera es verdaderamente criminal.

Por supuesto, las señales no ayudan. El caso Arturo Escobar deja ver que el combate a la corrupción no es algo que vaya realmente más allá de los discursos. Y entonces, Oaxaca y los Murat podrán mantener su batalla. Sin importar lo que los ciudadanos quieran piensen o puedan desear como futuro.