PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Los foros fueron varios. La educación una constante. El protocolo obligado. Pero el discurso no varió ni un milímetro. Y el resultado que no podrán ocultarse detrás de nuevos pronunciamientos y grandes aspavientos: el gobierno de Enrique Peña salió reprobado en la batalla por la defensa de los derechos humanos.

A lo largo del último año, la administración peñista decidió dar la batalla internacional para rechazar que existiera en nuestro país una crisis en el campo de os derechos humanos. Dentro de esa estrategia e lanzo un ataque feroz en contra de Juan Méndez, encargado en la ONU del tema de la tortura.

Las acusaciones y reproches en contra del funcionario que se atrevió a señalar que la tortura en nuestro país es “una práctica generalizada” que aplican policías de todos los niveles y fuerzas militares. La furia oficial no reparó en límites. Pero tampoco entendió el problema que se le venía encima.

La presión internacional no cedió. Y llegaron los expertos argentinos por el caso Iguala. Y los señalamientos fueron más que duro en contra de la versión oficial. Y siguieron los expertos independientes de la CIDH y la situación simplemente llegó a niveles insostenibles. Especialmente cuando el gobierno quiso cubrirse con el argumento de la venganza de Emilio Alvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH por el hecho, se dejó correr la idea, de que no se le había entregado la CNDH.

La defensa se derrumbó apenas se puso en marcha. El ridículo del gobierno amenazaba con llegar a un nivel sencillamente intolerable.

Y vino el cambio de estrategia. Ahora se aceptaba con reservas, el trabajo de los expertos de la CIDH. Y se recibía con todo el protocolo del caso, a Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.

Pero al mismo tiempo, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aparecía también en diferentes escenarios, para rechazar la idea de entrevistas con soldados por parte de los expertos internacionales.

Y no se fue muy lejos por la respuesta.

Con toda la elegancia del caso, pero no por ello con menos contundencia, el comisionado de la ONU puso en claro las cosas.

Primero, la CIDH tiene todo el apoyo de la ONU. Después, recaló la idea de que México no debe intentar “matar al mensajero”, sino centrarse en el mensaje para resolver el problema existente. Del mismo modo, puso en claro que la crisis de derechos humanos en México existe y es grave. Y cuando recordó que la impunidad en nuestro país es “una práctica general” ya que el 98% de los crímenes no se soluciona y que buena parte de ellos ni siquiera se investiga, la posición del gobierno quedó simplemente derruida.

Pero el funcionario de la ONU no paró ahí. Reclamó, con toda la diplomacia del caso, pero con toda la claridad necesaria, que se tome en serio el informe de los expertos de la CIDH y que se atiendan sus

recomendaciones. Demandó que se fortalezcan las procuraduría para que su tarea en defensa de los derechos humanos sea algo real. Y para remarcar los hechos, dijo que la crisis que sobre derechos vive México Es alarmante para un país que no está en guerra”

La postura es clara y contundente. El gobierno de México no ha podido resolver el problema de las violaciones en derechos humanos. Es más, forma parte del problema. La presión internacional no cederá. Hay elogios para calmar la furia mexicana. Pero la crítica se mantiene. Se han tomado acciones correctas. Pero no se ha resuelto nada.

Y al final del camino, el propio presidente de la República se vio obligado a reconocer que tenemos un problema muy grave en ese campo.

Después de una estrategia fallida, de cambios de dirección y de grandes pronunciamientos, la batalla se ha perdido.

Y guste o no, el costo se tendrá que pagar.

Por supuesto, habrá nuevos discursos y se intentará demostrar que en lo internacional, se elogia al gobierno.

Pero los hechos son innegables: en materia de derechos humanos tenemos el nivel de una nación en guerra. Y las acciones del gobierno no solo son insuficientes. Sino totalmente ineficientes.

Y el nuevo plazo para lograr avances empezó ya a correr. Y no es muy grande. Y terminará justo en el momento en el que el país se encuentre involucrado en una nueva y fundamental batalla político electoral.