PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El saqueo registrado en las Delegaciones del Distrito Federal pone a la vista uno de los problemas más serios no sólo en la ciudad de México, sino en todo el país y que no es otro que la incapacidad por las causas que se quiera, de vigilar el comportamiento de los hombres públicos en todos los niveles.

La columna vertebral de la administración en capital de la República ha sido puesta bajo duda. Y la otra parte se salva no por la probada honestidad de quienes desempeñaron el cargo en las Delegaciones, sino por la simple y sencilla razón de que han encontrado en sus sucesores, una abierta complicidad, nacida del hecho de que pertenecen al mismo partido político.

Así, puede suponerse que en la totalidad de los gobiernos delegacionales que ejercieron funciones en los primeros tres años del gobierno de Miguel Angel Mancera, la corrupción fue una constante.

Permisos para obras de todo tipo, programas fantasmas, “mordidas” para permisos de todo tipo, extorsiones de parte de investigadores y “moches” de antros y demás sitios que permiten con mayor facilidad, este tipo de actividades por parte de la autoridad.

Así, el que buena parte de las nuevas administraciones haga notar que han heredado deudas, carencias, aviadores, y toda una larga serie de irregularidades, está lejos de poder resolverse con un político “son venganzas partidistas” o una irresponsable “no han denunciado nada”.

El problema es precisamente ese. Que no se requiere de denuncias. O no tendría que llegarse a ese punto, salvo en casos excepcionales. Esto es, la denuncia tendrá que ser algo extraordinario si los órganos encargados de la vigilancia realmente cumplieran con sus obligaciones.

En el gobierno del Distrito Federal, como en todo el país, existe una Contraloría General, así como una Fiscalía Especializada para Servidores Públicos cuya obligación es precisamente, mantener bajo control todo lo que es el desempeño de quienes se encuentran en un cargo pública.

Pero el resultado es nulo según puede entenderse por la situación que han hecho pública quienes, con el respaldo de un partido político diferente al PRD han llegado al manejo de varias Delegaciones.

Ahora, todo se quiere resolver en base a negociaciones políticas. Con acuerdos en los que la ley sea la parte negociada, a cambio de favores políticos para unos y para otros.

El gobierno del Distrito Federal quiere esconderse tras el argumento de que no existen denuncias formales, cuando queda claro que los órganos de control no cumplieron con su labor, ya sea por incapacidad, ya por corrupción, ya por ambas.

El primer paso tendría que ser el de investigar qué pasó con esos órganos. Aplicar las sanciones del cs si ello fuera necesario y después, poner bajo la lupa a todos quienes ocuparon los cargos de Delegados en el trienio que acaba de concluir-

Pero las señales son en sentido contrario. La perredista que se desempeñó como delegada en Magdalena Contreras, Leticia Quezada, una de las señaladas en el desorden encontrado en las

delegaciones capitalinas, ha sido designada como funcionaria del gobierno capitalino, en una señal de que la impunidad habrá de imponerse otra vez.

De esta manera, no habrá autoridad que asuma el costo de lo hecho. La responsabilidad del saqueo no tiene nada que ver con la autoridad. O al menos eso es lo que quieren que se crea.

Del mismo modo, el PRD prefiere plantear las cosas como si se tratara de una venganza de los partidos de oposición. No hay responsabilidad política. El ejemplo de las actitudes asumidas en el caso Iguala. Los responsables son otros, no el partido.

Sin embargo, la realidad es muy clara. Si los nuevos delegados llegados con el apoyo del PAN, Morena o el PRI se quejan de lo mismo, la lógica dice que la corrupción fue generalizada en los tres años anteriores. Y que las autoridades encargadas de la vigilancia simplemente no cumplieron con su responsabilidad.

Y que Miguel Angel Mancera fue incapaz de controlar esa situación. Y que es imposible que se acepte la idea de que en el Zócalo no se sabía lo que ocurría en las delegaciones.

Así, sin transparencia y sin rendición de cuentas, habrá que esperar poco para saber que listón cortará el señor Mancera para en su eterna estrategia de imágenes, intentar que el problema de la desmedida y generalizada corrupción que existió en las delegaciones en la primera parte de su administración, sea puesto en segundo término.

Al menos por el momento.