El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió al Congreso de la Unión aprobar leyes secundarias del Artículo 134, con respecto a la promoción indebida de funcionarios públicos.
La Ley Reglamentaria, dijo, debería venir aparejada con una definición muy clara de cuáles son las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores públicos en el caso de que haya una violación a las prohibiciones establecidas en la Constitución, cosa que hoy no existe.
El titular del INE fijó su posición en la discusión durante la Mesa del Consejo General en torno a la queja que interpuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el uso indebido de datos personales contenidos en el Padrón Electoral.
Ello, atribuible al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, queja que fue desechada por improcedente.
En la sesión extraordinaria, Córdova precisó que tanto la Sala Regional Especializada como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJDF), ya se han pronunciado sobre los argumentos centrales de la denuncia presentada por el PRD.
Es decir, sobre “la promoción personalizada y una eventual violación al Artículo 134 y también lo que tiene que ver con el uso del padrón electoral”.
Planteó que en este caso específico, la autoridad electoral “no tiene un margen de maniobra adicional en virtud de que hay un pronunciamiento por la autoridad judicial competente”, además, tampoco está mandatado para imponer sanciones.
Sin embargo, consideró que es buena ocasión para recordar, no en tono de reclamo sino de preocupación, al parecer colectiva, “con respecto a un faltante que aún tenemos no de la reforma electoral de 2014, sino de la reforma electoral de 2007”.
El retraso en la emisión de la legislación secundaria no ha impedido a la autoridad electoral actuar en el ámbito de su competencia y construir sus propios criterios y/o retomar los emitidos por la Sala Superior del TEPJF, sostuvo.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, quien abrió la discusión del tema, expresó que no está de acuerdo con el hecho de que el uso de la matrícula escolar exima a un gobernador y menos, que se haga promoción personalizada con recursos públicos.
“Esta es una consecuencia de un procedimiento iniciado por mí en contra de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, quien repartió unas tarjetas a los padres de familia de las escuelas haciendo promoción personalizada”, insistió.
“Él (el mandatario mexiquense) se presenta como el que regala útiles escolares, uniformes, cosa que hace con frecuencia, porque hemos decidido estar haciendo la denuncia y activando mecanismos legales contra los gobernadores que se caracterizan más por hacer propaganda personalizada con recursos públicos”, subrayó.
La consejera electoral, Pamela San Martín, opinó que el cumplimiento del principio de imparcialidad por parte de servidores públicos, es algo que amerita una reflexión profunda, “es algo que debe de ser acotado en todos los casos”.
Sin embargo, “me parece que en este caso en particular, que es el que está bajo análisis en este momento, se está planteando desechar el asunto, por tratarse de una cosa juzgada, porque estos hechos específicos que están denunciados en este procedimientos ya fueron conocidos y juzgados por la Sala Regional Especializada”, refirió.
En ese mismo sentido se pronunció el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, al precisar que la autoridad jurisdiccional le ha negado en dos ocasiones la razón al PRD.
“La primera se la negó la Sala Superior y la segunda la Sala Regional le dijo: oye esto ya te lo resolvió la Sala Superior. Todo lo demás son juegos pirotécnicos justificados. Yo estoy seguro que tenemos la tarea muy grande que hacer en materia de revisar la distribución de los bienes públicos que hacen los gobiernos estatales”, concluyó.

