PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno del Distrito Federal está dispuesto a correr todos los riesgos que implica la puesta en marcha del nuevo reglamento de tránsito. Y contra todas las críticas que se han presentado ante el proyecto, el argumento utilizado para la defensa es simple: se debe crear la cultura del respeto a la norma.

Y las autoridades tienen razón. Es necesario que los automovilistas y en general todos los que conducen un vehículo de cualquier tipo, tanto como peatones y ciclistas entiendan la importancia de un reglamento. Y que, además no sólo lo conozcan, sino que lo respeten.

El problema sin embargo es precisamente de respeto. Los ciudadanos no respetan a sus autoridades. Y en el caso de los funcionarios del Distrito Federal el problema resulta mucho más serio.

A lo largo de las administraciones emanadas del PRD la constante ha sido la corrupción y la mentira. Las promesas han sido olvidadas una a una. Y a cambio, ha sido claro que el proceso de corrupción llegó a niveles de escándalo en los primeros tres años del actual gobierno.

Bajo estas condiciones, ¿es posible pedir la sociedad respeto para el nuevo reglamento, cuando es evidente que el resultado inmediato habrá de ser el de un nuevo filón para la corrupción?

Las autoridades aplicarán las multas más elevadas en la historia del Distrito Federal. Se sancionará todo tipo de irregularidades. Y se aplicarán medidas para que los reincidentes lleguen a perder la licencia para conducir.

Esto significa que, lo acepte la autoridad o no, las “mordidas” crecerán en número y en monto.

Habrá dicen las autoridades, policías fácilmente identificables que serán los únicos que puedan imponer las multas. Lo que no dice la autoridad es quién, cómo y desde cuándo se encargó de la capacitación de estos agentes. Y si como es de suponerse son elementos seleccionados de la policía actual, todos sabemos cual habrá de ser el resultado.

El nuevo reglamento es una forma en la que el gobierno del Distrito Federal se allegará recursos. Y el mecanismo será muy simple: la palabra de los agentes será suficiente. Bastará con que señalen algo para que el automovilista quede a merced de ellos. Y si alguno protesta, correrá el riesgo de ser señalado como agresor, lo que implicará más multas y más costos en “puntos” en torno a la posibilidad de perder la licencia.

Es fácil entender que un reglamento de este tipo tendría que estar fincado más que en el respeto de los ciudadanos en torno a la norma, en el respeto a la autoridad.

Esto es, que los agentes fueran motivo de reconocimiento por parte de los habitantes dl Distrito Federal. Ello facilitaría la labor de los encargados de aplicar el nuevo reglamento. Pero eso no habrá de suceder. Lo que los ciudadanos sienten por sus policías es cualquier cosa, menos respeto. Y querer imponer ese respeto a base de mulas más elevadas y promesas de quienes no han cumplida nada de lo comprometido, resulta un tanto cuestionable.

La ciudad enfrenta enormes retos. Y uno de ellos es el de la vialidad. Ante ello, ¿aplicar nuevas y elevadas multas es la solución?

¿En verdad la autoridad aplicará este reglamento a los choferes del transporte público? ¿Pondrá orden para resolver el caos que este “servicio” provoca a lo largo y ancho de la ciudad producto del libertinaje de que gozan los choferes?

Es cierto. Hay que respetar la norma Pero ¿no la primera obligada es la autoridad? ¿Puede una policía que no tiene el respeto ciudadano poner en marcha un reglamente en el que las oportunidades de corrupción se encuentran en cada artículo?

La decisión está tomada. Los automovilistas se convertirán a partir del 15 de diciembre, en víctimas de una cacería por parte de la autoridad.

Y si son las vías de la modernidad, como las cámaras, las que se encargarán de vigilar a los agentes de tránsito, lo que puede desde ahora vaticinarse, es que las promesas que hoy se hacen, pasarán a formar parte de todas las que se han olvidado, en tanto que la corrupción habrá encontrado una nueva vía para desarrollarse.

Tanto como el enojo de los ciudadanos.