Francisco Garfias
Iñaki Blanco ganaba, “por lo derecho”, 200 mil pesos mensuales como procurador de Justicia de Guerrero, en los tiempos del ahora exgobernador de ese estado,Ángel Aguirre.
Nos revela el dato como parte de su alegato para demostrar que no necesitaba recibir recursos del cártel de Los Rojos, como afirmó a las autoridades Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, el cártel que “desapareció” a los normalistas de Ayotzinapa.
Iñaki está convencido de que esas declaraciones se las dictaron a Sidronio para desacreditarlo, luego de que se negó a avalar la “verdad histórica” de Ayotzinapa.
Según el diario 24 Horas, Casarrubias dijo que Iñaki Blanco y el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, operaban para Los Rojos.
El líder de Guerreros Unidos aseguró incluso que Los Rojos repartieron 300 mil dólares entre el exprocurador de Guerrero, el exsecretario de Seguridad Pública y el director de la escuela normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández, para que permitieran infiltrar al cártel entre los normalistas y utilizar sus autobuses en el transporte de armas.
El exprocurador abonó a su alegato cuando dijo que, de 70 rojos detenidos, 58 fueron consignados por él.
“Si operaba para Los Rojos, como dice Sidronio, qué mal me comporté con ellos, ¿no?”, recalcó, mordaz.
- La charla con Iñaki fue en la librería-cafetería Un Lugar de la Mancha, en Las Lomas de Chapultepec. Un amigo común nos citó en el lugar.
Lo primero que dijo el exfiscal de Guerrero era que, en el tema Ayotzinapa, “la SEIDO hace como que la Virgen le habla”.
Recordó que en el informe de los expertos de la CIDH se establece que la primera averiguación previa sobre la barbarie de Iguala fue de la PGR.
A las 21:45 de la noche del 26 de septiembre recibieron el reporte del C4.
“Es importante destacarlo porque tiene que ver con la preservación del lugar de los hechos, con la cadena de custodia.
“Los de la PGR advirtieron lo que sucedía y se retiraron”, dice.
Y subraya: “Si hubo una autoridad omisa, fue la PGR”.
Una y otra vez recalcó que la Procuraduría General de la República ignoró múltiples alertas sobre el comportamiento de los Abarca y sus vínculos con el cártel de Guerreros Unidos.
Iniciaron en 2009, cuando se produjo la detención de los padres de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, y el homicidio de sus hermanos.
Le preguntamos por el papel de los militares del 27 Batallón, acuartelado cerca de Iguala.
Aseguró que la noche de la barbarie se les solicitó que prestaran sus instalaciones para concentrar a los policías municipales ya detenidos.
“Había que separar a las víctimas de los victimarios y no había condiciones para llevarlos a los cuarteles de la Policía Estatal. Ni barda tenía”, relató.
La respuesta de los militares fue negativa.
¿A qué fueron los muchachos a Iguala?, insistimos.
El hombre se negó a especular. “No lo sé. Nunca tuve la información consolidada”, reconoció.
Recuerda, eso sí, que se manejaron dos versiones: una, que secuestraron los autobuses para transportarse a la Ciudad de México a participar en la manifestación por el 2 de octubre. La otra era que iban a la Costa Grande de Guerrero. ¿A qué? “¿Quién sabe?”, dijo.
Y preguntó: ¿Sabes de dónde viene el número 43?
La explicación la dio sin esperar respuesta:
La noche de la tragedia, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, presentó un listado de 68 personas desaparecidas.
Había diez nombres repetidos. La lista bajó a 58. Uno de ellos era El Chilango, que había sido desollado. Bajó a 57. Otros 14 aparecieron en la escuela y en su casa. “Así llegamos a los 43”, contó.
Sembró una duda: si los verdugos no querían que los encontraran, ¿por qué metieron los restos en las bolsas? Hubiese sido más seguro arrojarlos, como dicen que estaban —en cenizas—, al río. ¿O no?
- Marcelo Ebrard decidió ampararse, ante la insistencia de “expresiones dolosas” que lo responsabilizan en cuestiones jurídicas y diversos hechos (Línea 12).
Es lo que dice una nota firmada por su asesor jurídico, Gonzalo Aguilar Zinser. “Eso le permitirá conocer los procesos iniciados por las autoridades en caso de que así fuera”, explica el conocido abogado.
No está por demás recordar que, en distintas ocasiones, autoridades federales y locales han negado que exista algún proceso abierto contra el exjefe de Gobierno.
- “Gobernador pone gobernador”, se escucha decir a Rigoberto Salazar Velasco, secretario de la Sedescol (Sedesol de Colima), en un audio que nos envían de las oficinas del senador del PAN, Jorge Luis Preciado, aspirante a la gubernatura de la entidad.
La frase fue pronunciada por el funcionario en una reunión con empleados de la Sedescol, nos dicen los colaboradores del legislador.
Y agregan: “Es una prueba de la forma descarada como Salazar dio línea para votar por el delfín del gobernador Anguiano, el priista Ignacio Peralta”.
Peralta le ganó a Preciado por 503 votos. El panista impugnó. Ya hay un anteproyecto en el TEPJF que favorece al priista, pero tiene que ser confirmado por el pleno de la Sala Superior en estos días.
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