PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno de Enrique Peña Nieto no pierde oportunidad para demostrar que su autoridad puede ser disputada. Y a pesar del evidente costo que ello representa, sus respuestas son invariablemente, lentas, torpes o inexistentes.

Lo anterior queda de manifiesto con el debate que se ha desatado en torno al famoso “apagón analógico” que, por ley, tendría que arrancar justo con el año nuevo.

El citado “apagón” no es otra cosa que el fin de la televisión como se conoce hasta ahora. A partir de la entrada en vigor de la nueva era, no habrá emisiones analógicas, para dar paso a la era digital.

Pero como es costumbre en nuestro país, la lucha de intereses ha hecho su aparición. Y hay grupos de interés, como las televisoras, que no están de acuerdo con el ajuste. Ello les significaría competencia y por lo tanto, pérdida de ingresos.

De esta manera, se declaran listos para el “apagón”, pero al mismo tiempo se lanzan a la defensa de quienes por errores en la entrega de las nuevas televisiones, podrían quedarse sin posibilidad de ver tv. Dicho de otra manera, de quienes dejarían de ver por algún tiempo, novelas y partidos de fut bol. Y por supuesto, de quienes no tendrían acceso a las noticias que presenta los noticieros en televisión.

Pero el que los citados grupos de poder intenten luchar por sus intereses, es normal. Incluso obligado. Por el contrario, que el gobierno guarde silencio o que los senadores del PRI con Emilio Gamboa a la cabeza consideren un posible debate para modificar la Constitución y posponer la entrada en vigor del “apagón” resulta ofensivo.

Las reformas constitucionales obligaron a un debate en el Congreso y a una postura firme de parte del gobierno. Ahora, con la próxima llegada del “apagón”, las presiones se incrementan. Y el gobierno guarda un silencio nada tranquilizador. Y los senadores del PRI se muestran deseosos de ayudar a quienes desean detener el avance tecnológico.

Si dejamos de lado todo el tema de aquellos que podrían quedarse sin tv por algunas semanas, unos 7 millones de mexicanos, frente a más de cien ya listos para la nueva señal, lo que tenemos que atender es el problema de fondo que no es otro que el mensaje que envía el gobierno de Peña Nieto hacia el exterior.

En estos momentos, el gobierno lucha con todos sus recursos para evitar que los temas de la violencia y la corrupción se conviertan, que ya son, en muros que impidan el arribo de la inversión foránea al país. Y no se requiere de mucho para entender que un cambio en la Constitución como el que se pretende, sólo serviría para enfatizar que en México las leyes no garantizan nada.

Esto es, si la Constitución puede cambiarse bajo presión de grupos de interés, ¿qué es lo que garantizaría la seguridad jurídica de los inversionistas?

En realidad, el tema no son los mexicanos que pueden quedar sin tv por algunas semanas, sino la debilidad del gobierno ante las presiones de grupos de interés que dejaría ver que, sin importar el tipo de ley que exista, son ellos los que deciden que es oportuno y cuando lo es.

Nadie puede negar la muy deficiente instrumentación de parte del gobierno para la entrega de televisores a los mexicanos de escasos recursos. Nadie puede negar que esa entrega se realizó en buena parte, con la mira puesta en los procesos electorales en varias entidades. Y nadie puede negar que es más que posible que actos de corrupción hayan contribuido al incumplimiento de las metas.

Tendrá que analizarse el tema y de ser el caso, aplicarse la ley a los responsables.

Pero ello no justificaría el cambio en la Constitución y el envío del mensaje a la comunidad internacional de que en México la seguridad jurídica está sujeta al capricho de os grupos económicamente poderosos.

Si la Constitución se modifica al gusto de los que tienen el dinero, ¿qué es lo que garantiza la seguridad de aquellos que quieran invertir en nuestro país? ¿Si la Constitución se modifica al gusto de los poderosos, cómo se garantiza el derecho de quienes, en base a las reformas, suponen que la Constitución les da garantías en su inversión?

Dejar que el debate corra y que las especulaciones aumenten no es más que la muestra de la debilidad del gobierno.

Y para el país, la peor de las noticias es entender que la ley, cualquiera, está sujeta al capricho de quienes tienen poder y dinero.

Es la demostración de que el estado de derecho existe sólo en los discursos.