PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Ya se sabe de la incapacidad del gobierno federal, en todos sus niveles, para manejar todo lo que es la comunicación. Lo que no se conocía tan a fondo, es la desesperación por acreditar de manera contundente, esa incapacidad.

Y fueron el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y la PRG de Arely Gómez, las que de una buena vez, despejaron cualquier duda que pudiera existir al respecto. Y lo hicieron con una facilidad escalofriante.

El titular de Gobernación simplemente se lanzó a eludir las responsabilidades del gobierno federal en todo lo que es la violencia en Guerrero, con los sucesos de Iguala incluidos por su puesto. Y así, puntualizó que los hechos violentos que hoy se bien en la citada entidad, son herencia de las administraciones de Angel Aguirre y de Rogelio Ortega, quienes simplemente no crearon las instituciones necesarias para enfrentar a la delincuencia.

Y claro está, nadie puede señalar que estos dichos no son ciertos. Pero del mismo modo, nadie podría afirmar que encierran toda la verdad.

Aguirre y Ortega fueron un verdadero fracaso político. Pero ambos están lejos de haber sido producto de la casualidad o de hechos inesperados. Y la violencia tampoco apareció de la nada. Y se acepte o no, el gobierno federal tenía la responsabilidad de conocer la problemática de la producción y transporte de drogas que se inicia en Guerrero.

Aguirre llegó al poder en una lucha interna en el PRI que tuvo como eje el impedir que el tricolor ganara las elecciones de gobernador, ya que ello le quitaría a Enrique Peña Nieto un respaldo político que en aquel entonces, se consideraba vital.

Así, las bases del fracaso quedaron establecidas. Y habría que recordar que, además, programas importantes del gobierno federal, como la cruzada contra el hambre, arrancaron en Guerrero, para dar fortaleza al gobierno de Aguirre.

PGR y todo el aparato de inteligencia federal nunca reparó en las ligas de políticos con los cárteles de la droga. No tenía información, algo que no es aceptable, sobre los Abarca. Se aceptaron acuerdos políticos a sabiendas de lo que cada quien representaba. Y ahora así nada más, se quiere hacer creer que todo es responsabilidad de Aguirre y Ortega. Pero la pregunta es obligada: mientras eso sucedía, ¿en dónde estaba el gobierno federal encargado de vigilar todo lo que es la seguridad en el país?

La PGR ¿nada sabía? ¿Nunca tuvo elementos para por lo menos, someter a un interrogatorio a Angel Aguirre? Las palabras del Secretario de Gobernación suenan bien. Pero en el fondo, no resisten la presión de la realidad.

Por lo que se refiere a la PGR, las cosas no son muy diferentes.

Esta dependencia, que tendría que servir como abogado de la ciudadanía, pierde de manera más que acelerada, la poca credibilidad que le resta.

No sólo fue vencida en Iguala y evidenciada por expertos de todo el orbe. Y señalada desde la ONU, sino que además se ha empeñado en demostrar que su verdad es inatacable. Guste o no.

Así, se enfrentó a la CNDH en un tono que sólo refleja intolerancia. Y ahora, en un caso que ha buscado mantener en el perfil más bajo posible sin lograrlo, deja ver que poco le importa la opinión pública.

En los primeros días de septiembre, un grupo de judiciales federales detuvo al abogado de Intraiber, empresa que sostiene un duro pelito legal con autoridades del Estado de México y la empresa OHL por contratos millonarios.

Esa detención sirvió para que los agentes sembraran una pistola al abogado, al quien por supuesto acusaron de portación ilegal de armas exclusivas para el uso del ejército.

Pero un video puso en evidencia a los agentes. Y después de varias semanas, la PGR logró una orden de aprehensión en su contra. Por simulación de pruebas con el propósito de inculpar a alguien.

Ese delito no es grave. Los policías se mantienen en libertad. Y dentro de la PGR.

Y la dependencia quiere que no se hable de delincuencia organizada, que es evidente. O de abuso de autoridad, que también lo es. Y menos que se pregunte por las causas que el delito se organizó. Y si hay funcionarios involucrados, que deben existir, ya que no es aceptable la idea de que los agentes, por sí solos montaron semejante operativo.

No, la acusación es tal que, incluso con sentencia, los agentes quedarán en libertad.

Esa es la forma de comunicar del gobierno federal. Y esas son las bases sobre las que pretenden crear la imagen de trabajo y responsabilidad de la administración peñista. Mentiras completas, grandes demostraciones de incapacidad, molestia por las críticas y utilización del aparato de justicia para fabricar culpables, con la idea inamovible, de que la responsabilidad de lo malo, siempre es de los demás.