PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El mensaje de la CNDH es contundente. Y rebasa con mucho, los sucesos de Apatzingán registrados en enero de este año. Es más, con las recomendaciones de la Comisión, el gobierno de Enrique Peña Nieto confirma su derrota, aplastante, en el terreno de los derechos humanos.

A menos de dos meses de que se cumpla el año de los eventos en los que una decena de personas perdió la vida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la policía federal abusó de la fuerza y es responsable de al menos, una ejecución extrajudicial.

Dicho de otra manera, la autoridad violentó el marco legal y en su accionar, violó los derechos humanos de un buen número de personas.

La recomendación de la CNDH abarca a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gobierno de Michoacán y al ayuntamiento de Apatzingán.

Como se recordará, el pasado día 6 de enero, en la madrugada, policías federales y soldados desalojaron un plantón instalado fuera del palacio municipal de Apatzingán El desalojo se realizó con violencia. Y provocó la muerte de una decena de personas.

Ahora, a pesar de las versiones oficiales, se sabe que el abuso por parte de las autoridades fue real y fuera de todo protocolo para este tipo de acciones.

Pero el problema es mucho más serio de lo que parece. En marzo pasado, el relator de la ONU para la tortura, presentó un informe sobre México realmente demoledor. Sin piedad alguna, el representante de las Naciones Unidas estableció que en nuestro país, todos los cuerpos de seguridad violan los derechos humanos.

Policías municipales, estatales y federales. Soldados y Marinos. Méndez fue claro. Y el gobierno de México respondió con energía y enojo. Ahora, Apatzingán muestra que el funcionario de la ONU no exageró nada.

La situación es sencilla. Después de lo sucedido con el aspirante a la Corte, Alejandro Jaime Gómez Sánchez quien sin rubor alguno culpó al ejército de los sucesos en Tlatlaya, lo que tenemos en la mano es una bomba de tiempo.

El gobierno no entendió en Tlatlaya, en junio del año pasado, había perdido la legitimidad en el uso de la fuerza como autoridad. Tienen la fuerza, pero no han resuelto las dudas. Y al tratar de encubrir al ejército por lo sucedido en esa localidad, lo que se logró fue debilitar la credibilidad y respetabilidad de las instituciones. El ejército ha pagado desde entonces, un precio elevado en lo que a confianza se refiere.

Pero lejos de enfrentar los hechos, las acciones violentas crecieron. En septiembre del año pasado, sucedió lo de Ayotzinapa. Con todo el efecto que conocemos y que ha provocado serias críticas al gobierno, lo mismo internas que externas. En enero pasado, tocó el turno a Apatzingán. Y en mayo de

este año, fue Tanhuato, caso que llevó ya al INAI a demandar de las autoridades un informe público sobre los hechos que costrón la vida a varias decenas de personas.

Como puede verse, el fracaso del gobierno en lo que a derechos humanos se refiere es total. Pero del mismo modo, resulta preocupante que a pesar de los hechos y de las críticas y condenas, el gobierno no cede en su intento por tratar de acreditar que los dichos no se ajustan a la realidad.

A lo anterior se podría añadir el tema de la corrupción en altos niveles del gobierno así como el fracaso en seguridad, en donde las cifras oficiales por lógica, pasan a ser motivo de serias dudas en la sociedad.

El tema de los derechos humanos, puesto en la mesa de los debates por la Comisión Nacional de Derechos Humanos obliga a decisiones importantes. Es obvio el fracaso. Como lo es que el reto no se resolverá a base de discursos y promesas.

Pero para las decisiones esperadas, antes tendría que existir el reconocimiento del problema y de su magnitud.

Y eso es ago que, por lo visto, no se encuentra en los planes del gobierno.