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Javier Laynez Potisek, rechazó ser el candidato del Gobierno Federal a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pronunció por reabrir el debate sobre la despenalización del aborto y porque el Congreso legisle sobre la regulación la marihuana, pues esta no es materia únicamente que compete al Poder Judicial Federal.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, para fundamentar la idoneidad de su candidatura, el exprocurador Fiscal de la Federación fue cuestionado por las senadoras Martha Tagle Martínez y Layda Sansores Sanromán, por su cercanía con el Poder Ejecutivo Federal, al haber trabajado en cuatro administraciones diferentes, la de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La independiente Martha Tagle refirió que las ternas enviadas por el presidente Peña Nieto no estaban integradas de la misma naturaleza, ni con las mismas posibilidades para todos los candidatos.

“Desafortunadamente, el proceso viene viciado de origen, el Ejecutivo Federal no cumplió con mandar ternas que, realmente, cumplieran en todos los casos los requisitos ni tampoco que especificara porque mandaba específicamente estas candidaturas y no otras”.

Layda Sansores, del Partido del Trabajo, también lo inquirió por su presunta parcialidad.

“Hemos insistido en que el procedimiento no es el adecuado (…) Unos no los conocíamos, ni sabíamos quiénes son y a otros los conocemos demasiado y nos preocupa, sobre todo, que a ninguno de ellos los podemos considerar independientes y tampoco preocupados por los derechos humanos, que están en el epicentro de la sensibilidad social”.

Laynez Potisek, oriundo de Torreón, Coahuila, atajó las críticas y enfatizó que su lealtad como abogado no era con una persona o grupo en particular, sino con las instituciones.

“Mi labor como abogado ha sido ser leal, pero leal a las instituciones, no leal a una persona o leal a un grupo. El buen abogado del servicio público, es aquel que encausa y reencausa la acción pública. (…) Yo nunca recibí mi salario como servidor público, para decir siempre: Sí, señor. Sí, señor, lo que usted ordene. Y no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos, yo así lo considero, me haya ratificado, conservado o contratado, precisamente, para que únicamente hiciera eso”.

El actual magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aseguró que la sentencia de la Primera Sala de la Corte, que otorgó un amparo a cuatro personas para el uso lúdico del cannabis, no era una sentencia deficiente, porque el problema de su legalización o no, es integral y no solamente responsabilidad del tribunal constitucional, que sólo defiende derechos humanos y no hace políticas públicas. Por lo que señaló que toca al Congreso de la Unión, legislar en esta materia.

“No es golpe de amparos o de sentencias, como se va definir si tenemos en México que legalizar o no, en este caso, la marihuana. Por eso insisto, es un problema integral, hay que resolver la parte penal, hay que resolver la parte de la política pública”.

Respecto a la interrupción del embarazo, el ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, comentó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite esta práctica, terminó por criminalizar injusta e inequitativamente a las mujeres y en eso no puede estarse de acuerdo, por lo que se pronunció por reabrir este debate.

“El tema no está cerrado, yo creo este tema tendrá que abrirse, desgraciadamente tendrá que ser con otros amparos, es decir, con nuevas situaciones y estoy seguro que la Suprema Corte abordará este punto de nueva cuenta. Ahorita, el régimen quedó inequitativo, en cuanto a la situación jurídica en el Distrito Federal en relación con otras entidades federativas”.

En su exposición ante los senadores, manifestó que la sociedad demanda impartidoras e impartidores de justicia, comprometidos con el derecho a la igualdad.

Dijo que en caso de ser ungido como ministro de la Corte, traducirá los tratados en materia de derechos humanos, en una realidad para las personas, evidenciará el compromiso del Estado con la justicia y evitará la victimización.

Además, de generar que las demandas de justicia, se hagan efectivas en México, sin que tengan que trasladarse a instancias internacionales.

Finalmente, señaló que para él ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una obsesión, sino una ilusión, porque desde hace más de treinta y cinco años decidió dedicar su vida profesional al servicio del Estado.