PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La peor manera de terminar un año de por sí difícil la ha impulsado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA que, con la sartén por el mango, ha enterrado de manera definitiva la “verdad histórica” sobre la suerte de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin grandes escándalos, pero con toda la severidad del caso, los expertos que inician una segunda tapa sobre la investigación sobre lo sucedido en septiembre del año pasado en Iguala, han señalado que el incendio en Cocula, en donde el gobierno afirmó que los cuerpos de los 43 estudiantes, habían sido cremados, no existió.

Con pruebas satelitales solicitadas a centros especializados, los expertos pusieron así, término a un debate en el que, otra vez, el gobierno queda vencido.

Pero en esta ocasión las consecuencias no pueden quedarse sólo en el papel. No se trata de un hecho cualquiera, ni de un suceso sin importancia.

Los expertos reiteran su demanda de estar presentes durante el interrogatorio a los soldados presentes en Iguala el día de los hechos. Quieren que se eleven las investigaciones a puntos a los que las autoridades no pusieron atención en el pasado reciente y, por si fuera poco, hablan de posible tortura a las testigos que dijeron que en Cocula se había consumado la cremación.

En otras palabras, el andamiaje levantado por las autoridades para dar por terminado el caso se vino por tierra.

Los expertos elogian la actitud del grupo creado para colaborar con ellos. Hablan de una nueva postura mexicana. Y ello nos lleva justo a la parte inicial del problema. ¿Cómo se llegó a todo esto?

Si los expertos han demostrado que en Cocula no se registró un incendio como el que se requería para la cremación de los cuerpos, ¿qué es lo que las autoridades sabían y no dijeron, o que es lo que no sabían y a pesar de ello presentaron las conclusiones que hoy se derrumban?

¿A partir de qué momento se entendió que todo el argumento era endeble? ¿No se entendió nunca?

Aquí entramos en un terreno en el que las autoridades quedan atrapadas en sus propios errores. Y la aplicación de las responsabilidades se convierte en un reto para el gobierno federal.

Si la “verdad histórica” fue un montaje, es claro que tiene que efectuarse una investigación profunda para determinar qué, quiénes y por qué se hizo todo eso. Y si no lo fue, la investigación tiene que determinar si la incapacidad merece o no, una sanción.

En donde las cosas no parecen tener muchas opciones, es en el caso de la tortura. Si existió, entonces la investigación tiene que señalar a todos los responsables. Y no puede olvidarse que fue el propio Jesús Murillo, entonces titular de la PGR, quien avaló los supuestos interrogatorios y presentó ante la sociedad. Los testimonios que según él, demostraban que la “verdad histórica” era absoluta.

Ahora, con la autoridad a la defensiva y con un grupo de expertos que saben lo que hacen mejor de lo que muchos suponían, la situación es simple: el gobierno quiere en realidad dar por terminado este caso, pero con la credibilidad recuperada, o prefiere atrincherarse en el tiempo y esperar a que todo pase sin importar el elevado costo político que se tendría que pagar en el ámbito internacional.

El inicio de la nueva etapa del grupo de expertos en el país parte de la idea de que la versión oficial no se corresponde con la realidad.

Y esa es la peor forma posible de terminar el año para el gobierno.

Con la violencia en aumento, con los gobiernos extranjeros advirtiendo a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a México, con la presión económica en aumento, con tasas de empleo precarias y con la corrupción sin respuesta, los dichos de los expertos independientes sobre la imposibilidad de que en Cocula fueran cremados los normalistas no es más que un golpe que puede simplemente, terminar con la poca imagen de un gobierno que se ha negado, con regularidad, a escuchar las demandas sociales.