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Ha llegado el momento de actuar de manera decidida y coordinada en materia de derechos humanos, y emprender un esfuerzo conjunto e integral, aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, destacó que el 2011 fue un año relevante por la reforma constitucional en la materia, y “2016 debe ser el año de la implementación de la misma”.

Ahora, “ha llegado el momento de que actuemos de manera decidida y coordinada, encarando nuestra realidad y emprendiendo un esfuerzo conjunto e integral”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el evento donde el Ejecutivo federal firmó iniciativas de ley para sancionar la desaparición forzada y la tortura.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, con la presencia de las galardonadas, representantes de organizaciones sociales y familiares de personas no localizadas, subrayó que la implementación efectiva es tarea de todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

En los últimos años se han emprendido distintos procesos de reforma en materias y áreas estratégicas de nuestro país, reconoció, pero apuntó que sin demérito de la importancia de las mismas, México aún debe emprender una reforma ética para un verdadero Estado de derecho.

Esta reforma, debe implicar un cambio de paradigma dentro de todos los miembros de la sociedad empezando con el ejemplo que den las autoridades, que genere “la convicción de que el cumplimiento de la ley es mejor que su incumplimiento, que es más conveniente, tanto para los individuos como para la colectividad, ser honestos, que deshonestos”.

En la ceremonia en la que se premió a Consuelo Morales Elizondo, presidenta de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), por su labor en la localización de personas en Nuevo León, González Pérez subrayó que la ley “no es algo que se pueda o deba negociar, ni materia de transacción entre intereses particulares”.

Reiteró al jefe del Ejecutivo federal la propuesta en materia de seguridad y justicia en democracia, que se formuló en 2011 desde la UNAM, para la celebración de un pacto político y social de base amplia, que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la violencia.

“Si como mexicanos somos capaces de reunirnos, escucharnos y entendernos, así como reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tenemos frente a la Nación, creo que sumando esfuerzos podremos mejorar nuestro presente y construir un mejor futuro”, agregó en la ceremonia en la que Peña Nieto entregó mención honorífica a Sandra Jiménez Loza.

El presidente de la CNDH señaló que “México tiene prisa. Las víctimas han esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad y en las instituciones, es preciso que las propias instituciones emprendamos un cambio de rumbo escuchando a la sociedad y asumiendo como eje y parámetro de sus actos los derechos humanos”.

Consideró que el tema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observación de los derechos humanos.

En su oportunidad, Consuelo Morales, llamó al presidente Peña Nieto para que en la segunda mitad de su sexenio, considere una agenda centrada en la no criminalización de las víctimas; en el esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad; en impulsar recursos legales y materiales para apoyar a los familiares, y recibir apoyo internacional.

Asimismo, recalcó que “ningún plan de reformas económicas puede prosperar si no está basado en un fortalecimiento del Estado de derecho, que ponga en el centro los derechos humanos”.