norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

La señal no puede ser más contundente. Los aliados políticos del gobierno son intocables. Pase lo que pase.

Del mismo modo, y guste o no al gobierno federal, los efectos directos también son incuestionables y el primero de ellos tiene que ver con el discurso en torno al combate a la corrupción: es mentira.

Se ha perdido una oportunidad para consolidar, aunque fuera en parte, el accionar de nuestra democracia. Ahora sabemos que la gracia queda muy por sobre la justicia al momento en el que los aliados enfrentan problemas legales. Arturo Escobar en lo particular y el PVM en lo general son la más clara demostración de la forma en que las cosas se resuelven en el país.

Pero en el fondo, el debate queda abierto. Y el ridículo del PRI y del sistema de justicia no puede dejarse de lado.

Habrá que recordar primero, que al momento en el que la FEPADE pidió una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, el PRI se rasgó las vestiduras por el hecho de que se había violado el “debido proceso” por la idea de que se había “filtrado” la información violando con el ello los derechos del inculpado.

Pero como eso no funcionaba, apareció el siempre oportunista y poco capaz Emilio Gamboa para aclarar que Santiago Nieto “había mentido” al Senado al momento de presentarse como aspirante a encabezar la FEPADE.

Pero justo estas dos acciones deberán tener sus efectos.

Primero, queda claro que para el PRI lo importante es tener un aliado para las elecciones del año próximo, sin importar que este aliado imponga una alta cuota de desprestigio. Se quiere engañar a los ciudadanos de las entidades que irán a las urnas. Lo demás poco importa.

Y lo del Senado es simplemente, de pena ajena. Según Emilio Gamboa, el señor Nieto fue tan hábil que engañó a los senadores que nunca, fueron capaz de detectar que ahora dicen, tenía ligas con el PRD.

Sin ir más lejos en este punto y aceptando que el señor Nieto había asesorado al PRD en la Cámara Alta ¿cómo es que los priistas y los verdes y los panistas no lo supieron? La respuesta es sencilla: cada partido hace con el dinero que se les entrega, lo que les viene en gana, de la manera en que les conviene y sin rendirle cuentas a nadie.

Del mismo modo, queda claro que, dicho por el propio Gamboa, se les engaño. Y con ese dato en la mano, lo que le queda a los priistas es entender que carecen de un liderazgo auténtico, capaz de ver con profundidad, todo el escenario político nacional.

El tradicional oportunismo del señor Gamboa lo conduce a cuestionar a un fiscal por “mentiroso”. Pero ¿no se tendría que analizar todo el proceso mediante el cual llego a la FEPADE el señor Nieto? ¿No se tendría que hacer público todo el material que Nieto entregó a Senado en su búsqueda por el cargo?

Y después, el PRI y los senadores no tendrían que explicar ¿qué es lo que esperaban de la FEPADE?

El problema al que los priistas y el gobierno le quieren dar la vuelta no es otro que el juicio a las decisiones del INE. Saben que dejar correr una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar por delitos electorales abriría, por obligación, un análisis sobre las decisiones del INE. Y entonces, el gobierno y el PRI pasarían momentos muy amargos para poder defender a los integrantes de la instancia que finalmente, les permitió tener los votos suficientes en la Cámara de Diputados para sacar adelante los proyectos legislativos del gobierno.

La ecuación es sencilla. Y cualquiera la puede ver.

Acabar con la FEPADE que pensó que la independencia es real, es por demás sencillo. El PRI y Emilio Gamboa lo han demostrado. Burlarse de los ciudadanos no importa. Colocar las dudas sobre los lomos del INE ya es otra cosa.

El PRI requiere de todos los aliados que pueda conseguir para las elecciones que se avecinan. No importa más que los votos que puedan aportar. Pocos que puedan ser, cuentan. Y además, el INE será indispensable. Y por lo tanto, defender al Verde y a Escobar se convierte en prioridad política.

El PRI y el gobierno han salvado a Arturo Escobar. Pero fundamentalmente han puesto a cubierto a un INE que ya quedó acreditado, no responde a los intereses de los ciudadanos.