PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Los festejos se han iniciado en todos los foros y en todos los tonos. Después de un largo peregrinar en su conquista, la reforma para el Distrito Federal ha llegado. ¡Por fin! La capital del país llegó a la meta y pronto, tendrá su constitución.

Sin embargo y como en todos los casos, lo que especialmente el gobierno del Distrito Federal quiere vender como el gran avance democrático presenta serias dudas. Y pudiera ser que todo lo que tengamos en la mano no sea más que un acuerdo entre grupos políticos que a final de cuentas, en nada cambiarán la vida de los capitalinos.

El Distrito Federal cederá su lugar a la Ciudad de México. Y tendrá alcaldías. Y verá el debate sobre lo que será su constitución. Y todos a festejar.

Pero en todo esto faltan temas importantes, como por ejemplo, la transparencia. O el papel que debe jugar realmente la Asamblea capitalina. O la respuesta a la inseguridad que nos ahoga o la corrupción que todo abarca.

El cambio realizado es un evento político, con políticos como creadores y beneficiarios. Los ciudadanos, otra vez, se quedarán con las promesas y la nueva imagen. En el fondo, todo se mantendrá igual.

Ahora, se habla del poder de iniciativa que será igual al que disfrutan los estados. Pero quedará en las manos de quienes hicieron los cambios. Los ciudadanos simplemente serán objeto de los proyectos, no parte de mismos. Y eso de objeto debe entenderse como víctimas.

La reforma es producto de una negociación política entre grupos y partidos. Y lo negociado lo veremos al paso del tiempo. Por lo pronto, no sabemos nada que no se quiera que sepamos. La realidad aparecerá más adelante.

Se dice que tendremos autoridades con mayor capacidad de acción y decisión. Pero nadie olvida que las actuales hacen lo que quieren, cuando quieren y de la forma en que quieren. Y los ciudadanos simplemente sufren las consecuencias.

El cambio real hubiera sido trazar las rutas para que el desarrollo político se incrementara y consolidara. Pero ello hubiera sido dar fuerza a la sociedad, algo que en los planes de las autoridades y los partidos políticos no les interesa.

Ahora, con la reforma en la mano, el gobierno de Miguel Mancera quiere presentarse como el gran demócrata y busca crear la imagen adecuada para fortalecer su proyecto político personal. Y claro, llevar a los capitalinos a que se olviden de que los problemas de fondo se mantienen intocados.

La inseguridad, el caos en la vialidad, la pobreza del transporte urbano, la creciente corrupción o la total ausencia de transparencia son puestos de lado. El debate que el gobierno quiere es de imagen. Después de todo, “ya tenemos todo para alcanzar la constitución local”. Y como por arte de magia, eso mejorará la vida en la ciudad.

Tendremos alcaldías. Y con ello, nuevos cargos. Y nueva carga presupuestal. Y más premios para los partidos políticos. Y los resultados serán los que disfrutamos a lo largo y ancho del país y que no son otros que el de alcaldes incapaces, corruptos y defensores de los intereses que les llevaron al cargo, pero nunca de los ciudadanos.

La reforma en el Distrito Federal no da un nuevo nombre. Y cambia la presentación de las formas de gobierno. Y organiza un debate, entre políticos y partidos, en el que el ciudadano simplemente no participará. Mancera propondrá la ponencia constitucional. Y habrá senadores, diputados, representantes del gobierno federal y otros del local para el debate final. Y se dice que habrá ciudadanos, pero se olvida mencionar que los requisitos para llegar a ese nivel no son sencillos, lo que nos anuncia que esos “ciudadanos” no serán más que representantes de los mismos partidos. Todo bajo control, para que todo sea como se planeó.

Y los ciudadanos ya no tendrán su DF. Serán nativos de otra ciudad. Y vivirán con nuevas autoridades.

Pero para que nada extrañen, tendrán que vivir con los mismos problemas. La inseguridad que crece día con día, la incapacidad y corrupción de las autoridades en todos los niveles y el caos diario de una ciudad que sólo sirve para acuerdos y negociaciones entre partidos y grupos políticos, a espaldas de la sociedad.